El tráfico humano es un crimen que se castiga con severas penas de cárcel. Incluso si se trata de menores que son trasladados por ‘coyotes’ desde sus países de origen para reunificarse con sus padres o familiares en Estados Unidos. Pero es un tema del cual se habla poco, o en voz baja y a puertas cerradas, sobre todo en estos tiempos cuando arrecia la implementación de la política migratoria de tolerancia cero en los primeros 10 meses del segundo gobierno de Donald Trump.
El tema volvió a salir a la luz pública a comienzos de noviembre tras el arresto de una maestra en el interior de la guardería ‘Rayito de Sol’, un centro de cuidado infantil ubicado en el noroeste de Chicago en el marco de la Operación Midway Blitz.
Tras la detención, el representante demócrata Mike Quigley denunció que la detención de Santillana se llevó a cabo sin una orden judicial y que a inmigrante “la secuestraron delante de sus alumnos”.
El gobierno aclara el arresto
Pero tras el arresto de Santillana, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió un comunicado para “aclarar”, señaló, “la situación sobre el intento de inmigrantes indocumentados de evadir arrestos atrincherándose imprudentemente en una guardería de Chicago”.
Precisó que ICE no atacó la guardería, e indicó que algunos medios de comunicación difundieron información falsa sobre este caso. Y agregó que la maestra detenida se trata de una “inmigrante indocumentada de Colombia quien fue interceptada por la Patrulla Fronteriza el 26 de marzo de 2023 después de cruzar ilegalmente la frontera sur”. Y que durante el gobierno del expresidente Joe Biden, fue dejada en libertad.
El informe del DHS alega además que “el mes pasado Santillana “presuntamente pagó a traficantes para que introdujeran ilegalmente a sus hijos de 17 y 16 años en Estados Unidos a través de la frontera sur”. Y apuntó que “facilitar el tráfico de personas es un delito”.
Juez ordena liberación
El fin de semana, un juez federal ordenó la liberación de la inmigrante que se encontraba detenida en un centro de ICE en Indiana. La decisión se basó en que a Santillana Galeano le negaron el derecho de solicitar una audiencia de fianza para recuperar su libertad, un error de procedimiento en el marzo del debido proceso.
La pregunta que surge en medio de este caso es si quienes pagan a un coyote o traficante de personas por traer un hijo saben que el Código de Estados Unidos (US CODE) lo define como un crimen y, en caso de ser acusada una persona y hallada culpable, ser condenada a una pena de cárcel de no mayor a los 10 años la primera vez. ¿Son los padres responsables criminalmente de enviar solos a sus hijos a la frontera sur de Estados Unidos?
