Congresistas demócratas se unieron a la campaña que lleva a cabo un grupo integrado por al menos 60 familias mixtas -ciudadanos estadounidenses casados con inmigrantes indocumentados- para pedirle al presidente Joe Biden que utilice su poder para liberar condicionalmente a inmigrantes detenidos y, con ello, evite deportaciones bajo el mandato de la denominada Ley del Castigo.
Esta última, promulgada por el Congreso en 1996, sanciona con tres años fuera de Estados Unidos a aquellos extranjeros que acumulan más de 180 días indocumentados en el país. La sanción se eleva a 10 años cuando la presencia pasa de los 365 días.
De acceder al pedido, el presidente permitiría que, en ciertos casos, la también denominada ‘Ley de los 10 años’ no se aplique a indocumentados que tengan aprobado un cupo de visa por medio de un formulario I-130 (petición familiar) presentado por un cónyuge. También que se levante la prohibición para que inmigrantes que hayan sido deportados puedan regresar antes a Estados Unidos para reunificarse con sus familias.
La petición, entregada por medio de una carta, es respaldada por los congresistas demócratas Pramila Jayapal (Washington), Verónica Escobar (Texas), Delia Ramírez (Illinois) y Jesús “Chuy” García (Illonois), junto con al menos 60 familias directamente afectadas y organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes, entre ellos la American Families United (AFU), FWD.us y la American Business Immigration Coalition Action (ABIC Action).
