El Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILCI, en inglés) y más de 330 organizaciones de derechos laborales, civiles y de inmigrantes piden al Gobierno del presidente Joe Biden evitar la deportación de inmigrantes que enfrentan abusos laborales.
La carta fue enviada al secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas, a fin de que aclare el proceso para que los trabajadores hagan valer sus derechos laborales contra los empleadores abusivos y, de este modo, acceder a protecciones temporales, incluido el bloqueo a la deportación y una Autorización de Empleo (EAD, en inglés).
La presión ocurre a más de un año de que el DHS señalara un compromiso para proteger a los trabajadores a través de la “acción diferida”.
“Hemos visto durante mucho tiempo cómo la vulnerabilidad de los trabajadores a la deportación impide su capacidad de hablar sobre violaciones laborales y generar poder en el trabajo, lo que a su vez reduce los salarios y las condiciones de trabajo y socava la aplicación de las normas laborales fundamentales de nuestro país en detrimento de todos los trabajadores”, dicen los activistas.
La carta incluye recomendaciones para que se implemente un proceso efectivo y equitativo, como el reconocimiento de las investigaciones de las agencias laborales estatales y locales.
“Esta guía se necesita con urgencia, ya que cada día que pasa sin ella, los empleadores sin escrúpulos explotan a los trabajadores y engañan al sistema para obtener ganancias”, se advierte.
“Estos empleadores deben rendir cuentas, y los trabajadores deben ver un compromiso claro del DHS para que puedan ‘no tener miedo de cooperar’ con las agencias laborales”, se expecifica.
Agrega que los grupos firmantes trabajan directamente con “muchos trabajadores” que no están dispuestos a continuar sus batallas legales sin que haya una guía clara sobre la protección de la deportación.
