Una demanda colectiva liderada por siete inmigrantes en California acusa a GEO Group, una empresa que controla prisiones de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), de utilizar un químico tóxico para limpiar instalaciones, a fin de contener el contagio de COVID-19.
Los hechos habrían ocurrido en la prisión de Adelanto, ubicado en el sur del estado, según la demanda presentada por Social Justice Legal Foundation (SJLF).
En la querella se asegura que el personal de GEO Group, encargado de la administración del centro de Adelanto, roció el desinfectante de amonio HDQ Neutral en el aire y en todas las superficies, incluyendo mesas, microondas, teléfonos, rieles, manijas de puertas, baños, duchas y lavabos, cada 15 o 30 minutos en las instalaciones del centro de detención.
La aspersión se realizó tanto en el día como en la noche subraya la querella presentada este lunes en el Tribunal de Distrito para el centro de California.
Estudios han demostrado que el uso inapropiado de este químico tiene efectos a corto y largo plazo en la salud, incluidos daños en la garganta y las fosas nasales, pérdida de la visión, problemas de la piel e incluso puede tener efectos adversos en el sistema reproductivo y de desarrollo.
“Mis ojos, nariz y garganta comenzaron a arder y el olor era tan fuerte que a menudo tenía demasiadas náuseas para comer”, explicó en un comunicado César Hernández, uno de los demandantes, sobre las reacciones que tuvo después que GEO comenzó a rociar el químico, cuando se declaró la emergencia sanitaria en marzo de 2020.
En ese sentido, Pilar González Morales, abogada de SJLF, advirtió que no solo los demandantes fueron afectados por el desinfectante. Se estima que más de 1,300 personas detenidas en Adelanto fueron perjudicadas por el uso imprudente de este químico.
Por su parte la abogada de SJLF Vanessa Domenichelli explicó que GEO Group no solo usó imprudentemente el químico en contra de las instrucciones del fabricante “sino que intentó cubrir sus acciones mintiendo a las personas detenidas y a las entidades gubernamentales por igual”.
“En pocas palabras no se puede confiar en GEO Group para cuidar a las personas (detenidas)”, agregó.
