Decidido a llevar adelante contra viento y marea su iniciativa de referendo de revocatoria de mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el lunes que se hayan recolectado más de diez millones de firmas para activar el proceso que se ha visto empañado por la batalla política y legal que mantienen el oficialismo y las autoridades electorales que ha incentivado la polarización en México.
López Obrador ha promovido la consulta, prevista para el 10 de abril, para revalidar su gestión luego de tres años de mandato. En el referendo se espera preguntar a los mexicanos si quieren que el gobernante continúe en su sexenio hasta 2024 o renuncie.
La recolección de firmas, que culminó el fin de semana, marcó un nuevo paso en el accidentado camino que ha seguido López Obrador para llevar adelante la consulta, que fue una de sus promesas de gobierno, y ha encontrado resistencia en la oposición y el Instituto Nacional Electoral (INE), que ha objetado el proceso alegando que no tiene suficientes recursos para realizarlo luego que el Congreso, controlado por el oficialismo, les recortó el presupuesto.
“A pesar de esos obstáculos y de la polémica ya se reunieron 10 millones de firmas,… se sobrepasó lo que exige la ley”, afirmó el gobernante durante su conferencia matutina al referirse a las rúbricas que la organización local “Que siga la democracia” aseguró que consignó el pasado sábado en la sede del INE y que serán sometidas a revisión en las próximas semanas para su validación. De acuerdo a la legislación mexicana, se requerían 2.758.227 firmas para activar el proceso.
“Que sea la gente la que decida, que sea el pueblo. Que ya se terminen las denuncias y todo este tipo de acusaciones y que ya se organice”, dijo López Obrador en alusión a la batalla política y legal que se ha desatado entre el oficialismo y el INE por el referendo revocatorio.
Sobre las motivaciones que mueven al mandatario, el académico del Tecnológico de Monterrey, Patricio Morelos, afirmó que López Obrador quiere cumplir una de sus propuestas de campaña y pasar a la historia como el primer gobernante que se sometió a una revocatoria de mandato. Añadió que detrás de la consulta también podría haber un objetivo político de impulsar la popularidad del partido oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de cara a las elecciones regionales de 2022 y 2023 y las presidenciales de 2024, lo que le permitiría a López Obrador consolidar su proyecto político de la “Cuarta Transformación”.
La declaración de López Obrador se da un día después que los consejeros de INE denunciaron que eran víctimas de una “persecución penal” luego de suspender temporalmente las actividades para el referendo revocatorio por falta de recursos, medida que quedó sin efecto después que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) les ordenó seguir adelante con el proceso.
En un comunicado las autoridades electorales rechazaron la denuncia penal que presentó la semana pasada en la Fiscalía General República el presidente de la Cámara Baja, el diputado oficialista Sergio Gutiérrez Luna, contra seis consejeros del INE que apoyaron el aplazamiento de las actividades del referendo, y advirtieron que estaban en contra de “toda forma de intimidación y vulneración de nuestra autonomía”.
Gutiérrez Luna presentó el 23 de diciembre una acción contra seis de los once consejeros del INE, entre los que se incluye el presidente del organismo Lorenzo Córdova, por los delitos de abuso de autoridad y coalición de servidores públicos por el que podrían ser castigados hasta con siete años de prisión.
“Las diferencias de criterio en casos en los que válidamente puedan sustentarse diversas soluciones en el marco de nuestras atribuciones legales, no deben ameritar la persecución penal, sobre todo, cuando quienes las adoptan han explicado públicamente los motivos de su decisión”, expresaron las autoridades electorales.
En respuesta al comunicado del INE, Gutiérrez Luna dijo en su cuenta de Twitter: “Lorenzo, la ‘autonomía’ no es una patente de corso”.
López Obrador, quien mantiene una abierta confrontación con el INE y se ha mostrado a favor de la renovación del cuerpo, dijo el lunes que las autoridades electorales habían cometido “un error” al suspender el referendo porque “se opusieron a un mandato constitucional y actuaron de manera antidemocrática”.
Al distanciarse de las acciones judiciales que emprendió Gutiérrez Luna, el mandatario dijo que tendría que ser el “Poder Judicial que resuelva. No penalizar nada”.
A la confrontación política se sumó el Partido Acción Nacional (PAN), la principal fuerza opositora, que pidió la víspera a la SCJN que frene el referendo por considerarlo un “costosísimo e inconstitucional espectáculo publicitario” que beneficia a López Obrador, quien mantiene un respaldo popular sobre 60% según las principales encuestadoras locales.
El PAN dijo en un comunicado que “de realizarse el capricho presidencial, nos estaría costando a todas y todos los mexicanos al menos 4.000 millones de pesos (unos 200 millones de dólares) , recursos que deberían aprovecharse para reactivar la economía, generar empleos y combatir la pobreza”.
La oposición también se enfrentó a López Obrador cuando promovió el referendo que se hizo en agosto para consultar a los mexicanos si las autoridades debían enjuiciar a los exgobernantes, consulta que no prosperó debido a que sólo votó 7% del electorado cuando la ley exigía una participación de 40% (37,5 millones de votantes) para activarse.
Las autoridades del INE presentaron en la Suprema Corte de Justicia una controversia por la falta de recursos para realizar la consulta que aún no se ha decidido.
Los consejeros sostienen que de acuerdo a los parámetros legales se requieren 3.830 millones de pesos (unos 191,5 millones de dólares) para efectuar el revocatoria de mandato, y que la Cámara de Diputados le hizo un recorte de 4.913 millones de pesos (unos 245,65 millones de dólares) “lo que dejó al Instituto sin los recursos necesarios para llevar a cabo el ejercicio de participación ciudadana”.
En otra acción separada y en respuesta a una controversia que presentó la semana pasada Gutiérrez Luna, la Comisión de Receso del máximo tribunal ordenó el 23 de diciembre al INE seguir adelante con las actividades del proceso mientras se decide sobre fondo del caso. En la resolución la comisión del SCJN indicó que el presupuesto del INE de 1.503 millones de pesos (unos 75,15 millones de dólares) constituye un “indicador de viabilidad financiera” para llevar adelante la consulta.
