El Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, liderado por los republicanaos, avanza en el proceso de juicio político o ‘impeachment’ contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, a quien acusan de incumplir las leyes migratorias.
La semana pasada, el comité presidido por el republicano Mark Green (Tennessee), dio a conocer los dos artículos, conocidos también como acusaciones, contra Mayorkas.
Los republicanos alegan, en el segundo artículo, que el Secretario violó la confianza pública al haber “hecho declaraciones falsas a sabiendas y obstruido conscientemente la supervisión legal del Departamento de Seguridad nacional.
En la audiencia de este martes, los miembros del comité discuten los artículos, un paso necesario para avanzar a una votación formal para destituir a Mayorkas en el pleno de la Cámara, lo cual podría ocurrir la siguiente semana.
Green citó una decisión de la Corte Suprema, escrita por el juez Brett Kavanaugh –nominado por el expresidente Trump– sobre un caso entre Texas y la Administración Biden.
“El juez Cavanaugh respondió: creo que su posición actual es que, en lugar de una revisión judicial, el Congreso tiene que recurrir a la destitución, o a medidas dramáticas ante tal desafío a las leyes aprobadas por el Congreso”, dijo Green para apuntalar las acusaciones contra Mayorkas. “En otras palabras, la propia posición jurídica de la Administración Biden, la propia posición jurídica de la Administración Biden ante la Corte Suprema es que el ‘impeachment’ es la solución adecuada”.
El demócrata Glenn Ivey (Maryland) contradijo la lectura de Green sobre la decisión de Kavanaugh –citada por otros republicanos– que el juez Kavanaugh reconoce la importancia de aplicar la ley, pero también la imposibilidad del Gobierno federal, ante la falta de recursos, seguirla al pie de la letra.
”En este punto en particular, la acusación que se hace en los artículos de acusación es que hay un desafío deliberado a la aplicación de la ley. El juez Kavanaugh escribió esto con respecto a ese punto, ya que el tribunal de distrito determinó que el poder ejecutivo no posee los recursos necesarios para arrestar o expulsar a todos los no ciudadanos cubiertos por estos dos estatutos, recordó Ivey. “Entonces, el lenguaje que acaba de leer y el artículo, la primera sección del juicio político, quedan totalmente negados no sólo por este lenguaje, sino también por una larga historia en la que la Corte Suprema remite al Poder Ejecutivo y decide qué hacer cumplir y cómo hacerlo”.
