El secretario de Estado Marco Rubio sugirió el domingo que Estados Unidos no gobernará el quehacer diario de Venezuela sino que aplicará una “cuarentena petrolera”, un cambio de postura después de que el presidente Donald Trump anunciara un día antes que su gobierno regirá al país sudamericano tras la destitución de su líder Nicolás Maduro.

Las declaraciones de Rubio en programas de entrevistas televisivas parecían diseñadas para calmar temores de que Estados Unidos nuevamente se iba a hundir en una intervención extranjera prolongada o un intento fallido de construcción nacional. Contrastaban con las amplias pero vagas afirmaciones de Trump de que Estados Unidos al menos temporalmente “gobernará” la nación rica en petróleo, comentarios que sugerían algún tipo de estructura de gobierno bajo la cual Caracas sería controlada desde Washington.

Rubio ofreció una perspectiva más matizada, diciendo que Estados Unidos continuará aplicando la cuarentena petrolera que ya existía antes de que Maduro fuera removido del poder y que usaría esa cuarentena para impulsar cambios de política en Venezuela.

“Y ese es el tipo de control al que el presidente se refiere cuando dice eso”, afirmó Rubio en “Face the Nation” de CBS. “Continuamos con esa cuarentena, y esperamos ver que habrá cambios, no solo en la forma en que se maneja la industria petrolera para el beneficio del pueblo, sino también para que detengan el tráfico de drogas”.

El bloqueo de petroleros sancionados —algunos de los cuales han sido incautados por Estados Unidos— “permanece en vigor, y eso es una cantidad tremenda de influencia que continuará en vigor hasta que veamos cambios que no solo promuevan el interés nacional de Estados Unidos, que es lo principal, sino también que conduzcan a un mejor futuro para el pueblo de Venezuela”, agregó.

Los líderes en Venezuela hasta ahora han rechazado las declaraciones norteamericanas, al menos públicamente, exigiendo la libertad de Maduro.

Incluso antes de la captura de Maduro, los expertos ya cuestionaban la legalidad de la campaña de presión sobre Venezuela, incluyendo los ataques a lanchas acusadas de traficar drogas. Varios académicos dijeron que ello violaba el derecho internacional.