El Gobierno del presidente Joe Biden enfrenta desafíos legales para liberar bajo ciertas condiciones a inmigrantes que detiene en la frontera, debido a una demanda del gobierno republicano de Florida que ha tenido avances en un tribunal federal.
El 5 de junio, la Corte de Apelaciones para del Undécimo Circuito de EE.UU. se negó a suspender las órdenes de una corte federal en Florida que anulaban el programa de libertad condicional + ATD (o alternativas a la detención) y evitaban el uso de la libertad condicional con condiciones, un plan impulsado por la Administración Biden.
El Tribunal de Apelaciones concluyó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no había demostrado que “sufriría daños graves” sin estas políticas para detener y liberar a inmigrantes bajo ciertas condiciones.
La oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) debe seguir la orden del tribunal de Florida, pero ha implementado una política para liberar a algunas personas, bajo el argumento de que es más seguro para esos inmigrantes y para los propios agentes migratorios, ya que se evita el sobrecupo de los centros de retención.
La organización American Immigration Council señala que los funcionarios de Florida creen que el Gobierno federal debe detener a todos los inmigrantes que lleguen a la frontera sin una visa.
“La Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito de EE.UU. se negó a detener dos decisiones de la corte federal de distrito de Florida que interfieren con la capacidad de la administración Biden para poner en libertad condicional a personas”, indica esa organización.
La primera decisión contra la Administración Biden ocurrió el 8 de marzo del 2023, tras la cual llegó la apelación.
Las autoridades de Florida han impugnado todas las políticas de la Administración Biden para dejar en libertad a los inmigrantes bajo ciertas condiciones, incluyendo a las personas que no serían puestas en deportación expedita.
Antes de liberar a una persona, el oficial de CBP debe investigar la identidad del inmigrante, antecedentes de inmigración, antecedentes penales y confirmar su dirección física a donde vivirá.
“La concesión inicial de libertad condicional es solo por 60 días”, recuerda la organización.
El inmigrante deberá presentarse ante la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para recibir la documentación necesaria para comenzar su proceso de deportación.
“Según el juez, la política es ilegal, porque no requiere que la persona vuelva a ser detenida, no permite una investigación de antecedentes suficiente y no estuvo sujeta a una notificación formal ni a la reglamentación de comentarios”, indica el reporte del American Immigration Council.
Esto está complicando el procesamiento de inmigrantes en la frontera, pero también es una advertencia a quienes llegan al país y piensan que serán dejados en libertad en forma inmediata.
