Un tribunal federal otorgó una orden judicial preliminar que obliga al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y al Departamento de Manejo de Emergencias de Florida a proporcionar asesoría legal a inmigrantes carentes de estatus legal privados de su libertad en el centro de detención de Everglades conocido como Alligator Alcatraz.
Casi un mes después de haber analizado los testimonios de varias personas que permanecieron detenidas en dicho lugar sin derecho a acceder a un abogado ni a documentos, Sheri Polster Chappell, jueza federal de distrito, determinó mediante una orden que el ICE debe proporcionarles llamadas telefónicas confidenciales a las personas detenidas en Alligator Alcatraz.
Asimismo, la magistrada considera obligatoria la publicación de información sobre cómo los abogados y las personas detenidas pueden comunicarse entre sí dejando en claro que se no requieren programarse con anticipación las visitas de los defensores al centro de detención.
Cabe señalar que, al certificarse este caso como una demanda colectiva, la orden establecida por el tribunal protege a todos los internos del Centro de Detención de los Everglades, y a las personas que en el futuro puedan ser enviadas allí de manera temporal.
A través de un comunicado, Corene Kendrick, subdirectora del Proyecto Nacional de Prisiones de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), definió la orden de la jueza Sheri Polster Chappell como un triunfo para el respeto a los derechos establecidos en la constitución.
“El acceso a asesoría legal es una de las garantías más básicas de nuestro sistema legal. El fallo de hoy refuerza la importancia del acceso efectivo a asesoría legal para las personas detenidas por motivos de inmigración. La comunicación confidencial con un abogado es esencial para un proceso legal justo, y quienes se encuentran detenidos merecen una oportunidad real de comprender y ejercer sus derechos”, indicó.
Por su parte, Amy Godshall, abogada de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) de Florida, señaló que, en el proceso legal para evitar ser deportado, cualquier extranjero debe tener a un abogado para representar sus intereses frente a los tribunales.
“A medida que se expanden las políticas de deportación masiva y Florida intensifica el uso de los acuerdos 287(g), el acceso a asesoría legal es una de las últimas garantías que protegen a las personas de la deportación injusta o la separación familiar. Nadie debería tener que luchar contra la deportación solo y sin representación legal desde dentro de un centro de detención; es un derecho constitucional fundamental”, enfatizó.
Al respecto, Katie Blankenship, fundadora de Sanctuary of the South, señaló que a ninguna institución de detención se le debe permitir violar el debido proceso de las personas.
“Cuando un centro obstaculiza el acceso oportuno y confidencial a un abogado, hace que la representación legal efectiva sea prácticamente imposible. Esto no es un obstáculo menor; es una violación directa del debido proceso.
Las personas se ven obligadas a afrontar trámites migratorios trascendentales sin poder comunicarse con sus abogados. Esto es inconstitucional e inaceptable”, expuso.
