Estados Unidos les concedió una vía hacia la residencia legal permanente por ser jóvenes inmigrantes que sufrieron abusos o abandono en sus países de origen. Pero el Gobierno de Donald Trump luego los arrestó y los deportó.
Entre el 20 de enero y el 22 de diciembre del año pasado, ICE detuvo a 265 jóvenes con Estatus Especial de Inmigrante Juvenil (SIJS) y deportó a 132 de ellos, según una carta que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) envió a la senadora Catherine Cortez Masto, demócrata por Nevada, obtenida en exclusiva por NBC News.
“Les están arrebatando la estabilidad en la que se encuentran, las vidas que están construyendo mientras obtienen la protección permanente”, señaló Rachel Davidson, directora de la Coalición para Acabar con el Atasco del SIJS, que es parte del Proyecto Nacional de Inmigración.
El Congreso creó en 1990 el programa SIJS que ofrece una vía para obtener la green card y proteger a menores inmigrantes que fueron víctimas de abuso, abandono o negligencia en sus países, dándoles una forma de permanecer en Estados Unidos. Los jóvenes deben ser menores de 21 años cuando solicitan el estatus.
Debido a la acumulación de solicitudes de tarjetas de residencia, desde 2022, los jóvenes también solían estar protegidos por una política para inmigrantes con SIJS conocida como acción diferida. Eso los protegía de la deportación y les permitía trabajar legalmente en Estados Unidos mientras esperaban por su green card. En junio, la Administración Trump puso fin a la acción diferida para los beneficiarios del SIJS. Esa protección ha quedado en suspenso mientras se resuelve un caso judicial.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) indicó en junio que el Congreso “no autorizó expresamente la acción diferida ni el permiso de trabajo asociado” para los beneficiarios de SIJS. También señaló que la falta de visas disponibles de forma inmediata, en parte debido a un retraso acumulado, y el hecho de que los tribunales de menores hayan determinado que los jóvenes deben permanecer en el país, no constituyen “razones suficientemente convincentes” para permitirles quedarse bajo acción diferida.
Cortez Masto declaró a NBC News que los beneficiarios del programa “están huyendo de sus países en condiciones horribles. No queremos que sufran más daños o sean explotados en nuestro país, por lo que hemos creado disposiciones específicas en la ley para velar por su bienestar”.
Emma Israel, analista principal de políticas de Kids in Need of Defense, una organización no gubernamental que defiende a menores no acompañados y separados de sus familias, afirmó que las cifras compartidas por el DHS eran “mucho más altas de lo que esperábamos”.
El DHS añadió que los 132 jóvenes que fueron deportados estaban acusados de violaciones migratorias, como estar en el país sin admisión o no tener visas. Los datos federales no revelaron si alguno tenía cargos penales o condenas.
