Pese al reciente anuncio de que en la presente administración el gobierno de Donald Trump suma más de 1.6 millones de deportaciones, la realidad es que el inquilino de la Casa Blanca aún está lejos de cumplir su promesa de expulsar a millones.
En ese entorno, la administración Trump está planeando reemplazar a algunos líderes regionales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas con funcionarios de la Patrulla Fronteriza en un intento de intensificar su esfuerzo de deportaciones masivas y difuminar la frustración con el ritmo de los arrestos diarios, según dos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional.
Para entender más este plan, es importante señalar que la diferencia principal entre ambos órganos es la jurisdicción. La CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza) opera en los puertos de entrada y las fronteras del país, mientras que ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) se encarga de la aplicación de leyes y la detención/deportación en el interior del país, por lo tanto, estas modificaciones acarrearía nuevas formas de operar.
Los principales asesores del presidente Donald Trump aplaudido las tácticas más agresivas de la Patrulla Fronteriza para lograr arrestos, como descender en rappel hacia edificios de apartamentos desde helicópteros Black Hawk y saltar desde camiones de alquiler en los estacionamientos de Home Depot, ya que se han sentido decepcionados con ICE.
Sin embargo, organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y la Unión de Campesinos (UFW) demandaron a la Patrulla Fronteriza y otras agencias federales por los operativos que ha realizado.
Entre las demandas presentadas, destaca la acusación sobre el uso de “prácticas ilegales” al momento de detener y deportar a decenas de inmigrantes sin una autorización legal.
En un hecho reciente, abogados que litigan una demanda federal acusaron al comandante de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, de violar una orden de restricción temporal al lanzar personalmente gas lacrimógeno contra manifestantes.
Lo anterior luego de que la jueza federal Sarah Ellis había limitado el uso de agentes químicos en interacciones con medios y manifestantes, lo que abre la posibilidad de sanciones legales contra Bovino y la operación.
Pese a ello, la Casa Blanca podría haber aprobado una lista de al menos una docena de directores de oficiales de campo del ICE que serán reasignados en los próximos días, quienes podrían ser reemplazados por oficiales de la Patrulla Fronteriza.
El ICE cuenta con 25 oficinas de campo en todo el país, por lo que esta medida podría reemplazar a casi la mitad de los líderes de la agencia.
El New York Times fue el primero en informar que la administración Trump estaba planeando una reorganización del liderazgo de ICE en medio de la frustración por las cifras de arrestos, citando a tres personas familiarizadas con los planes.
A fines de septiembre, el último período para el cual hay datos disponibles debido al cierre del gobierno, ICE estaba arrestando a 1,178 personas en promedio por día, muy por debajo de las 3,000 por día que ha exigido el principal arquitecto de la política de deportación de Trump, el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller.
