La tragedia ocurrida en el centro de Austin, donde tres personas murieron y 18 más resultaron heridas en un tiroteo masivo, volvió a colocar el sistema migratorio en el centro de la discusión nacional. Las autoridades identificaron al presunto responsable como Ndiaga Digne, de 53 años, ciudadano estadounidense naturalizado originario de Senegal. El caso es investigado como un posible acto terrorista.
Según reportes difundidos por medios nacionales, Diagne habría obtenido la residencia y posteriormente la ciudadanía tras ingresar al país con una visa H-1B, el programa destinado a trabajadores extranjeros especializados. Ese dato fue suficiente para que un grupo de 70 legisladores republicanos de la Cámara de Representantes de Texas enviara una carta a líderes del Congreso en Washington solicitando medidas inmediatas.
En la misiva, dirigida a los principales líderes de ambas cámaras, los republicanos describen el ataque como un acto de terrorismo y piden la congelación temporal de nuevas visas H-1B mientras se realiza una auditoría exhaustiva del programa. También solicitan mayor financiamiento para el Departamento de Seguridad Nacional, una pausa en nuevos procesos migratorios hasta reforzar los protocolos de verificación y la reasignación de recursos para detectar posibles amenazas dentro del país.
“El Congreso debe decretar la congelación inmediata de todas las nuevas visas H-1B. Debemos saber quiénes están en este país, por qué están aquí y si representan algún riesgo para la seguridad nacional”, escribieron los legisladores texanos.
Presión política y línea dura migratoria
La petición se alinea con la postura más restrictiva que ha impulsado la administración de Donald Trump en materia migratoria. En Texas, el gobernador Greg Abbott ya había ordenado a agencias estatales y universidades públicas suspender la participación en ciertos programas vinculados con visas H-1B, además de respaldar mayores controles y tarifas más elevadas para algunas solicitudes.
Para los republicanos texanos, el ataque en Austin demuestra la necesidad de revisar el sistema. Sus críticos, en cambio, advierten que utilizar un caso individual para frenar un programa que abastece de talento a sectores clave de la economía podría tener consecuencias amplias.
