Se anticipa que unos 250 agentes federales inicien este lunes en el sureste de Louisiana un operativo migratorio de un mes. El despliegue ha sido llamado ‘Swamp Sweep’, tiene como objetivo el arresto de unas 5,000 personas y estará enfocado en Nueva Orleans. Todo ello en medio de la dura ofensiva migratoria del gobierno de Donald Trump en ciudades lideradas por demócratas.
También se espera que la operación esté a cargo del comandante de la Patrulla Fronteriza (CBP) Gregory Bovino, quien ya lideró operativos agresivos y cuestionados en Chicago, Los Ángeles y Charlotte.
La Patrulla Fronteriza ha sido acusada de usar tácticas agresivas en ciudades con líderes demócratas. Y Bovino se ha convertido en el rostro que encabeza estas campañas a gran escala y de alto perfil del gobierno de Trump. Durante las operaciones en Chicago, agentes federales llegaron a descender de un helicóptero en un complejo de apartamentos y lanzaron gas pimienta y lacrimógenos a quienes protestaron en contra de estas redadas.
Louisiana tiene normas estrictas para el cumplimiento de las leyes migratorias
El Departamento de Justicia ha acusado a Nueva Orleans de socavar el cumplimiento de las leyes migratorias federales y la incluyó en una lista de 18 ‘ciudades santuario’.
La cárcel de esa ciudad, que ha estado bajo la supervisión de un juez federal, no coopera con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) bajo la mayoría de circunstancias. Además, su Departamento de Policía considera que el cumplimiento de las leyes migratorias son un asunto de carácter civil fuera de su jurisdicción.
Sin embargo, la Legislatura estatal donde los republicanos son mayoría ha aprobado leyes para que las agencias de Nueva Orleans se ciñan a la postura antiinmigrante del gobierno de Trump. Una de esas leyes convirtió en un crimen el actuar a sabiendas para tratar de “afectar, demorar, impedir o interferir de manera alguna” en los esfuerzos para hacer cumplir las leyes federales de inmigración.
Además, los legisladores ampliaron el delito que aplica a funcionarios, y que puede acarrear hasta 10 años de cárcel, a los funcionarios del gobierno que se nieguen a cumplir con los pedidos de las agencias como ICE.
También prohibieron a los policías y jueces liberar de su custodia a cualquiera que “haya entrado o permanezca de forma ilegal” en Estados Unidos sin antes notificárselo a ICE.
