Sosteniendo un cartel con la frase “no a la impunidad”, Flor Marina Rodríguez pedía a gritos desde una plaza del centro de Bogotá la “garantía de los derechos” de su hijo Edwin Enrique Blanquicet Rodríguez, uno de los 18 exmilitares detenidos en Haití como sospechosos del asesinato del presidente Jovenel Moïse.
Junto a ella una veintena de familiares protestaban el lunes pidiendo garantías judiciales, información sobre su condición de salud y comunicación formal con los detenidos y con el gobierno haitiano. “Son inocentes”, repetían al unísono.
El presidente colombiano Iván Duque ha dicho a la prensa que aunque considera que todos los exmilitares detenidos participaron en el ataque al presidente de Haití, la mayoría de ellos llegaron allí bajo engaño, sin saber del plan criminal.
“Me mandó una cartica donde me decía que estaba bien, que no me acomplejara, pero no creo que mi hijo esté bien. Todavía no le han puesto abogado”, dijo a The Associated Press Rodríguez, quien viajó durante más de 12 horas en carro para llegar a Bogotá.
Los familiares recuerdan que el único contacto que han tenido con los exmilitares se dio hace una semana en una carta enviada a través de una comisión humanitaria de la Defensoría del Pueblo, entidad estatal encargada de velar por los derechos humanos de los colombianos.
Andrés Gómez, hermano del exmilitar capturado John Jairo Ramírez Gómez, dijo a la AP que necesitan “pruebas contundentes” para saber si los colombianos están vivos y fuera de peligro. “Por favor no dejen a esos compatriotas que sirvieron a la patria tirados por allá en un hueco”, le pidió al gobierno colombiano minutos antes de entrar a una reunión privada con la Cancillería colombiana.
Los familiares enviaron una solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que busca la garantía del debido proceso con la asignación de un abogado defensor y una celda de máxima seguridad para los exmilitares colombianos detenidos en Haití.
“Ellos fueron detenidos y hasta la fecha no hemos visto cómo está su integridad, cómo están físicamente… ellos salieron legalmente del país, llevaban sus pasaportes, no iban con identidades falsas”, dijo a la AP Nataly Andrade, esposa del teniente coronel retirado Carlos Giovanny Guerrero Torres, quien está capturado. “Ese día (7 de julio, tras el asesinato del presidente) me hace una llamada de WhatsApp y me dice que lo han intentado matar dos veces, que está corriendo por su vida y que lo ayude”, agregó.
La Defensoría del Pueblo indicó el sábado en un comunicado que por petición de los familiares decidió coadyuvar de manera “urgente” en las solicitudes de medidas cautelares ante la CIDH luego de ser informada sobre el “traslado de los detenidos a un centro penitenciario en el que podría correr riesgo sus vidas e integridad personal”.
Los colombianos fueron trasladados en los últimos días a una prisión después de permanecer por casi un mes en una estación de policía. La decisión se conoció tras un informe de la Defensoría del Pueblo de Colombia que advertía que los exmilitares necesitaban atención médica y jurídica “urgente”, y estaban confinados en un “corredor” al que no entraba la luz del sol, en donde permanecían esposados permanentemente y tenían restricciones de comida y agua.
La Cancillería de Colombia informó el domingo que los colombianos detenidos recibieron valoración médica, se encuentran en “mejores condiciones de salud y están aislados del resto de la población carcelaria en un lugar adecuado”.
Edison Venera, exmilitar y abogado que asesora a algunas familias, indicó a la AP que requieren información precisa de los tres colombianos que se encuentran “desaparecidos”, debido a que no han sido capturados aunque hacen parte de la lista de sospechosos. “No sabemos nada de ellos y los demás están retenidos de manera ilegal y arbitraria, el llamado es a que sean retornados a Colombia de manera inmediata”, dijo Venera.
