Un juez federal ordenó esta semana al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que deje de utilizar las llamadas tácticas de llamar y hablar, un método para arrestos de inmigrantes en el que agentes de campo ingresan a una propiedad sin una orden judicial o consentimiento, y luego arrestar a los inmigrantes indocumentados cuando llegan a la puerta.
De acuerdo a la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), la decisión del juez Ottis D. Wright responde a una la demanda, presentada en 2020 en nombre del inmigrante Osny Sorto Vásquez Kidd y las organizaciones Inland Coalition for Immigrant Justice (ICIJ) y la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA).
El juez dijo que la práctica equivale a “llamar y arrestar” y viola las protecciones de la Cuarta Enmienda contra registros e incautaciones irrazonables. Estas protecciones, señaló, incluyen las instalaciones alrededor de la casa, como patios y porches que forman parte de la propiedad.
La decisión incluye cuatro casos ocurridos entre febrero de 2017 y abril de 2020, en los que ICE ingresó ilegalmente a áreas constitucionalmente protegidas alrededor de una vivienda con una orden administrativa de inmigración y no una orden firmada por un juez.
“Todos deberían sentirse seguros en su propia casa, independientemente de su estatus migratorio. Debido a que ICE nunca tiene órdenes judiciales, dependen principalmente de esta práctica para realizar arrestos domiciliarios”, dijo en un comunicado Stephanie Padilla, abogada de la Fundación ACLU del Sur de California.
La abogada advirtió que la orden del juez “debería reducir significativamente las prácticas inconstitucionales de arresto domiciliario de ICE”.
La demanda citó el caso de Vásquez Kidd, a cuya casa ingresaron agentes de ICE que se hicieron pasar por oficiales de la Policía que andaban en busca de un peligroso delincuente. Una vez dentro de la vivienda, y al no encontrarlo, hicieron que su madre lo llamara y lo convencieron de reunirse con ellos.
Vásquez Kidd estaba amparado por el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) al momento de su arresto.
La querella alega que las tácticas del ICE violan la Cuarta Enmienda de la Constitución de EE.UU., que protege a los ciudadanos de un registro y allanamiento sin autorización.
Según testimonios, los agentes de ICE generalmente se presentan en las casas de los inmigrantes en las primeras horas de la mañana, llaman a la puerta y piden hablar con el inmigrante indocumentado que buscan arrestar.
Entre los ejemplos citados por Wright se encuentra el arresto de Diana Rodríguez en Anaheim el 17 de febrero de 2017. Alrededor de las 8:30 am de ese día, los agentes de ICE se acercaron a la entrada trasera de su casa, a la que solo se podía acceder a través del patio trasero.
Después de que la novia de Rodríguez abrió la puerta, un oficial le pidió a Rodríguez que saliera, respondiera algunas preguntas y les proporcionara una identificación a los oficiales. Cuando Rodríguez lo hizo, la detuvieron.
En otro caso de 2017, agentes de ICE se acercaron a la residencia de Linda Urbano Vásquez en Pomona alrededor de las 7:30 am, ingresando a través de una cerca que rodeaba su propiedad.
Luego entraron a un porche cubierto para llegar a la puerta principal. Cuando Urbano Vásquez abrió la puerta, los agentes indicaron que eran agentes de libertad condicional que buscaban a su hermano, José. Eso no era cierto, y cuando José se acercó a la puerta principal, lo detuvieron.
Ante la situación, Lizbeth Abeln, directora de defensa de deportación de ICIJ, dijo en un comunicado que “es un derecho humano básico para los inmigrantes sentirse seguros en sus propios hogares y vivir sin miedo”.
Agregó que aunque la decisión del juez no deshace los años de daño causado por ICE, “es un buen primer paso hacia la justicia”.
