Eugenia ya sabe lo que es empezar de cero. En 2000 dejó atrás su natal Michoacán (México) para buscar una nueva vida junto con su hijo en EE.UU. y 24 años después, ante la amenaza de una ley antimigrante en Iowa, el estado donde creó un hogar, se ve forzada a pensar en mudarse otra vez.
“Yo aquí conozco los lugares, tengo un trabajo. En otro lado es como si volviera a emigrar”, cuenta a EFE la mexicana de 55 años, que pide ocultar su apellido porque no tiene un estatus legal estadounidense.
En febrero, la legislatura estatal de Iowa promulgó una ley que penaliza con hasta dos años de cárcel a los migrantes que hayan sido deportados de EE.UU. o se les haya negado la entrada en el pasado.
Esta medida se suma a una nueva ola de regulaciones antimigrantes en EE.UU. Siguiendo el ejemplo del gobernador de Texas, Greg Abbott, estados que están a cientos de kilómetros de la frontera sur han decidido tomar medidas de “mano dura” con la migración en pleno año electoral.
Similar a Iowa, Oklahoma aprobó en abril penalizar con cárcel la presencia en el estado de personas indocumentadas y Georgia promulgó en mayo una ley que pide a las autoridades detener a los “sospechosos” de no tener papeles.
En Tennessee, se aprobó una norma que obliga a la policía a indagar en el estatus migratorio de las personas que detengan, y Nuevo Hampshire estudia pasar una ley que permitiría arrestar a la gente por “invasión” desde la frontera con Canadá.
