El republicano Donald Trump, que todavía se niega a aceptar que perdió las elecciones de Estados Unidos en 2020 ante el demócrata Joe Biden, dice que quiere una victoria presidencial el 5 de noviembre que sea tan abrumadora que los resultados sean “demasiado grandes para manipularlos”.

“Queremos una victoria aplastante”, enfatizó recientemente a sus partidarios en Georgia. “No podemos permitir que pase nada”.

Sin importar los márgenes de diferencia, los republicanos y los demócratas se preparan para una batalla potencialmente larga sobre los resultados una vez que se conozcan. Decenas de demandas que podrían preparar el escenario para impugnaciones después de que los votos sean contados ya han sido presentadas en tribunales de todo el país. La mayoría han sido incoadas por republicanos y sus aliados. Muchos de los casos involucran impugnaciones a la votación por correo, papeletas de electores en el extranjero y alegatos de que personas que no son ciudadanos estadounidenses emiten votos.

Trump, que enfrenta cargos penales federales por sus empeños para revertir su derrota de 2020, se ha negado repetidamente a declarar inequívocamente que aceptará los resultados de este año.

Por su parte, los demócratas advierten que los negacionistas electorales instalados en puestos clave relacionados con la votación en todo el país podrían rehusarse a certificar resultados legítimos y generar litigios.

“En 2020, los negacionistas electorales improvisaron. … Ahora ese mismo impulso negacionista electoral está mucho más organizado, es mucho más estratégico y está mucho mejor financiado”, dijo a periodistas en una conferencia telefónica Michael Waldman, presidente del Brennan Center for Justice, una organización sin fines de lucro de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York. “Al mismo tiempo, el sistema electoral está mucho mejor preparado, creemos, para manejar algo como esto”.

Si bien las batallas partidistas sobre las reglas de votación han estado presentes en las campañas presidenciales desde hace mucho tiempo, los litigios electorales se han disparado en los últimos años. Con el dinero que se destina a las batallas jurídicas y la proliferación de grupos externos involucrados en litigios electorales, es poco probable que las disputas disminuyan en el corto plazo.

“No se trata sólo de los partidos; son organizaciones externas, y están recaudando fondos con base en cómo pueden proteger la democracia, cómo pueden proteger la integridad de las elecciones, sea lo que sea eso”, expresó Derek Muller, experto en derecho electoral y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Notre Dame. “Tienen donantes adinerados que respaldan estos litigios. Así que no parece haber ninguna distensión a la vista”.

Cuando faltan poco más de dos semanas para el día de las elecciones, se han presentado unos 180 casos sobre votación y elecciones en lo que va del año, según el abogado demócrata Marc Elias, quien fundó el grupo de seguimiento de litigios electorales Democracy Docket.

Ello ocurre cuatro años después de que Trump y sus aliados inundaran los tribunales con demandas en las que afirmaban que hubo fraude, las cuales fueron rechazadas rotundamente por jueces que habían sido nominados para el tribunal por presidentes de Estados Unidos de los dos principales partidos políticos.

La tasa de litigios electorales casi se ha triplicado desde 2000, cuando la Corte Suprema —en una votación de 5 a 4— resolvió definitivamente que el republicano George W. Bush había ganado las elecciones sobre el demócrata Al Gore, escribió en 2022 Rick Hasen, experto en derecho electoral que ahora está en la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Los Ángeles.

El papel del tribunal superior en esa contienda generó un enorme interés en el derecho electoral e impulsó un aumento en los litigios, el cual se aceleró en 2020 debido a los cambios en las reglas de votación durante la pandemia de COVID-19.

Las modificaciones en las reglas de financiamiento de campañas hace una década han permitido a los donantes dar a los partidos enormes sumas de dinero específicamente para peleas jurídicas. En la actualidad, con los litigios electorales no siempre se pretende ganar en los tribunales, sino también enviar un mensaje político para estimular a los donantes.