Durante casi 20 años, María llamaba a su hermana, una enfermera en México, para pedirle consejos sobre cómo manejar su asma y controlar la diabetes de su esposo en lugar de ir al médico en California.
No tenía estatus legal, por lo que no podía obtener seguro médico ni acudía a los exámenes de rutina, confiando en cambio en remedios caseros y, a veces, obteniendo inhaladores de México. Insistió en usar solo su primer nombre por temor a ser deportada.
Las cosas cambiaron para ella y para muchas otras personas en los últimos años, cuando algunos estados gobernados por demócratas abrieron sus programas de seguro médico a inmigrantes de bajos ingresos, independientemente de su estatus legal. María y su esposo se inscribieron el año pasado, el día que comenzó el programa.
Para ella, todo cambió con el programa Medi-Cal de California, pues la tranquilidad de contar con un seguro la llevó a enfermar menos.
Al menos siete estados y el Distrito de Columbia han ofrecido cobertura para inmigrantes principalmente desde 2020. Pero California, Illinois y Minnesota han dado marcha atrás, cancelando o limitando la cobertura para cientos de miles de personas que no están legalmente en Estados Unidos.
Los programas costaron mucho más de lo que las autoridades habían proyectado, en un momento en que los estados enfrentan déficits multimillonarios ahora y en el futuro. En Illinois, los inmigrantes adultos de 42 a 64 años sin estatus legal han perdido su atención médica, ahorrando al estado un estimado de 404 millones de dólares. Todos los inmigrantes adultos en Minnesota se han quedado sin acceso al programa estatal, generando un ahorro de casi 57 millones. En California, nadie perderá automáticamente la cobertura, pero las nuevas inscripciones para adultos se detendrán en 2026 para ahorrar más de 3.000 millones de dólares en varios años.
Los recortes en los tres estados fueron respaldados por gobernadores demócratas que alguna vez defendieron la expansión de la cobertura médica para los inmigrantes.
Esta semana, el gobierno del presidente Donald Trump compartió con funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) las direcciones, etnias y datos personales de todos los beneficiarios de Medicaid. Veinte estados, entre ellos, California, Illinois y Minnesota, han demandado.
Varios proveedores de atención médica dijeron a The Associated Press que todo, especialmente el miedo a ser arrestadas o deportadas, impide que las personas busquen atención. Y los estados podrían tener que gastar más dinero en el futuro porque los inmigrantes evitarán la atención médica preventiva y terminarán acudiendo a hospitales de la red pública.
María se siente cada vez más presionada debido a la incertidumbre que sufren todas las personas que están en Estados Unidos sin autorización legal.
