El Gobierno de Estados Unidos mantiene una política más estricta para impedir el denominado “turismo de nacimiento”, una práctica mediante la cual mujeres embarazadas viajan al país con el objetivo principal de que sus hijos nazcan en territorio estadounidense y accedan automáticamente a la ciudadanía por derecho de suelo.
Las medidas permiten a los funcionarios consulares negar visas de turismo cuando existan indicios de que la solicitante pretende ingresar al país principalmente para dar a luz. Asimismo, las autoridades migratorias pueden impedir el ingreso de personas que no logren demostrar que el motivo de su viaje es distinto al nacimiento de un hijo en territorio estadounidense.
Según las normas vigentes, las mujeres embarazadas no tienen prohibido viajar a Estados Unidos. Sin embargo, deben acreditar que cumplen los requisitos para obtener una visa y que cuentan con razones legítimas para visitar el país, además de demostrar que poseen recursos suficientes para cubrir los gastos médicos relacionados con el parto.
Las autoridades estadounidenses sostienen que estas restricciones buscan evitar el uso indebido del sistema migratorio y proteger los recursos públicos. También argumentan que algunas organizaciones promovían paquetes turísticos especializados para facilitar viajes con fines de obtención de ciudadanía, una práctica que ha sido objeto de investigaciones y sanciones en los últimos años.
El tema ha generado debate entre especialistas en inmigración y derechos civiles. Mientras algunos consideran que las medidas son necesarias para combatir fraudes migratorios, otros advierten que podrían derivar en mayores controles sobre mujeres embarazadas que viajan por motivos legítimos, como turismo, negocios o visitas familiares.
