La administración de Donald Trump ha designado 21 grupos criminales de América Latina y el Caribe como “organizaciones terroristas extranjeras” desde que llegó al poder, el último esta semana coincidiendo con la gira del secretario de Estado Marco Rubio por países aliados de la región —Colombia, Ecuador y Perú— para consolidar su apoyo a la estrategia estadounidense contra el narcotráfico.
Esta calificación solía reservarse a grupos como el Estado Islámico o Al Qaeda, que utilizan la violencia con fines políticos, y no para los cárteles y otras redes delictivas centradas en ganar dinero. Pero el objetivo de Trump era aumentar la presión sobre estos grupos y sobre cualquiera que, a su juicio, les preste apoyo.
La estrategia comenzó en febrero de 2025. Sirvió de pretexto para capturar al venezolano Nicolás Maduro casi un año después, así como para decenas de ataques contra supuestas embarcaciones “narcoterroristas” que se han saldado con más de 200 muertos. También llevó a países latinoamericanos como Guatemala y Argentina a tomar medidas similares contra determinados grupos, y a estados como Ecuador a lanzar operaciones conjuntas con Washington en territorio ecuatoriano.
México es el país con más grupos en la lista (ocho) y bajo una mayor presión de Washington mientras su gobierno intenta evitar cualquier acción militar unilateral estadounidenses de Trump contra los cárteles, especialmente desde las acusaciones formales contra altos funcionarios del estado de Sinaloa.
Pero la estrategia de Trump también ha dejado al descubierto contradicciones. El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años por narcotráfico y acusado durante el juicio de proteger al Cártel de Sinaloa, fue indultado por el estadounidense el año pasado y ya vive libre en su país.
