Camila afirma que en noviembre de 2025 fue detenida en su casa de Houston, cuando todavía estaba amamantando a su bebé de dos meses. Luego estuvo casi tres semanas bajo custodia migratoria y fue deportada a Honduras. Cuando habló con una abogada en San Pedro Sula, aún no sabía dónde estaba su hijo.
“Como perro, me trataron como perro”, dijo Camila, cuyo testimonio es recogido en Parental Rights After Deportation, un nuevo informe de Justice in Motion, una organización sin fines de lucro dedicada a proteger los derechos de los migrantes. “Nos daban una comida horrible. Nos daban gusanos”, dijo sobre las condiciones que vivió durante su detención.
Según el reporte, Camila no pudo comunicarse con su familia ni con un abogado durante la detención, y pidió varias veces saber quién tenía al bebé, sin respuesta. Creía que estaba bajo los Servicios de Protección Infantil, pero no tenía certeza. Le preguntó a la abogada Dora Isabel Melara: “¿Me pueden traer a mi hijo?”. El informe no precisa qué pasó después con el niño.
Una directiva del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) establece que la agencia no debe detener por infracciones migratorias administrativas a mujeres embarazadas, en posparto o lactantes, salvo circunstancias excepcionales.
El informe se basa en 122 entrevistas con padres deportados o retornados a Honduras, Guatemala y México desde el 20 de enero de 2025, y en decenas de casos evaluados por el equipo legal de Justice in Motion. Los autores del reporte afirman que “cuando el Gobierno de Estados Unidos detiene y deporta a un padre, hace más que determinar dónde vivirá”: también puede determinar “quién cuida a los hijos” y si el padre “puede mantener el contacto con ellos”.
La aplicación de las leyes migratorias “puede reemplazar el juicio de los padres por decisiones del Gobierno sobre las cuestiones más básicas en la vida de un niño, y los padres no tienen forma de impugnarlo”, concluyen los autores.























