Braulio, un joven enviado a un albergue provisional en Florida dice que migró a EE.UU. porque temía por su vida y el regugio le ha permitido avanzar con ello.

“El refugio que me alojó también me conectó con abogados locales que me brindaron la asistencia legal que necesitaba”, destacó. “Gracias a su ayuda, ahora estoy en camino de convertirme en ciudadano estadounidense”.

Ahora, la Federación Hispana, en conjunto con más de 100 personas y organizaciones, pidieron al gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, terminar con su orden ejecutiva que consideran pondría en peligro a cientos de niños que esperan reunirse con sus familias o tutores.

La orden a la que los defensores de niños migrantes se refieren fue emitida en diciembre pasado, a través de la cual se pide a reguladores de cuidado infantil dejar de emitir o renovar licencias en instalaciones que tengan contratos con el Gobierno federal, si es que tienen albergados a niños y adolescentes migrantes que están en proceso de reunión con sus familiares o patrocinadores.

“Si se implementa la orden ejecutiva, el Estado dejaría de emitir o renovar licencias… Se prohibiría que estas instalaciones continúen brindando refugio temporal a una variedad de niños, documentados e indocumentados, en Florida que son los que más necesitan atención”, dice la colación de activistas.

Agregan que las reglas afectarían a los cuidadores sin fines de lucro, las agencias de colocación de niños y las agencias residenciales de cuidado de niños, que trabajan con no ciudadanos y niños nacidos en Florida.

“Los niños que se cuidan en estos hogares de acogida y albergues autorizados huyen de la violencia y los desastres naturales en sus países de origen”, advirtió Frankie Miranda, presidente y director ejecutivo de la Federación Hispana. “Tienen todo el derecho a buscar refugio y esperar ser ubicados con sus familias y patrocinadores estadounidenses sin ser utilizados como una herramienta política”.

El activista, ampliamente conocido por su labor en la costa Este, criticó que el gobernador republicano DeSantis implemente una orden que considera “xenófoba y antiinmigrante”, por lo que instó a que evitara su aplicación.

La oficina de refugio de menores, que forma parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos, tiene más 11,000 menores no acompañados que fueron entregados a patrocinadores entre octubre de 2020 y septiembre de 2021.

“Los niños y las familias están lidiando con reveses inesperados a causa de COVID. Lo último que necesitamos es que los legisladores hagan las cosas más difíciles. Estamos hablando de niños”, alertó Melissa Marantes, cofundadora y directora ejecutiva de Orlando Center for Justice.

Señaló que se trata de un problema humanitario, no político, en referencia a las acciones que DeSantis ha tomado en contra del Gobierno del presidente demócrata Joe Biden.

La renovación de las licencias es aprobada por el Departamento de Niños y Familias de Florida (DCF), pero la nueva regla impediría que eso ocurriera.