El gobierno de Estados Unidos está aumentando la presión sobre el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, amenazando con prohibirle a los estadounidenses hacer negocios con la industria aurífera del país centroamericano, planteando la posibilidad de imponer restricciones comerciales y retirando las visas a unos 500 allegados del gobierno.

Las acciones, incluidas en una orden ejecutiva firmada el lunes por el presidente Joe Biden, son quizá las medidas más agresivas de Washington para castigar al exlíder guerrillero sandinista por sus continuos ataques contra la democracia y los derechos humanos en el país centroamericano, y por su cooperación en materia de seguridad con Rusia.

Sanciones previas de Estados Unidos se han enfocado en Ortega, su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, y familiares y otros allegados. Pero ninguna de esas medidas ha afectado el poder del mandatario, cuyo blanco más reciente ha sido la Iglesia católica. En agosto, fuerzas de seguridad nicaragüenses allanaron la residencia de un obispo, deteniéndolo a él y a otros clérigos.

La orden de Biden amplía significativamente una que fue emitida durante la presidencia de Donald Trump, donde declara las violaciones a las normas democráticas, los atentados contra el estado de derecho y el uso de la violencia contra opositores como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos.

Junto con sanciones simultáneas anunciadas por el Departamento del Tesoro contra la Dirección General de Minas, la orden ejecutiva prácticamente hace que sea ilegal para los estadounidenses hacer negocios con la industria del oro nicaragüense. Es la primera vez que Estados Unidos se enfoca en un sector específico de la economía de Nicaragua, y en el futuro podría ampliarlo para incluir otras industrias consideradas fuentes de financiamiento del gobierno de Ortega.

La orden ejecutiva también allana el camino para que Washington pueda restringir las inversiones y el comercio con Nicaragua, medidas que recuerdan el severo embargo impuesto por Estados Unidos en la década de 1980 durante el primer gobierno sandinista de Ortega, tras la sangrienta guerra civil.

“Los continuos ataques del régimen Ortega-Murillo contra actores democráticos y contra miembros de la sociedad civil, y la detención injusta de prisioneros políticos, demuestran que el régimen siente que no tiene que respetar el estado de derecho”, declaró Brian E. Nelson, subsecretario del Tesoro para el Terrorismo y la Inteligencia Financiera. “Podemos usar y usaremos todas las herramientas a nuestra disposición para negarle al régimen Ortega-Murillo los recursos que necesita para socavar las instituciones democráticas”.