El presidente estadounidense Joe Biden firmó una orden ejecutiva el viernes que crea una senda para separar 7.000 millones de dólares en activos afganos congelados en Estados Unidos a fin de financiar ayuda humanitaria en Afganistán y crear un fondo fiduciario de compensación a las víctimas de los ataques del 11 de septiembre de 2001.
La orden exigirá a las instituciones financieras estadounidenses que faciliten el acceso a 3.500 millones de dólares de los activos para cubrir la ayuda y las necesidades básicas de los afganos. Los otros 3.500 millones seguirán en Estados Unidos y se emplearán para financiar los litigios en curso de las víctimas estadounidenses del terrorismo.
La financiación internacional a Afganistán se suspendió y los miles de millones de dólares de activos de Kabul en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, quedaron congelados cuando el Talibán tomó el control de la nación a mediados de agosto al momento del retiro de las fuerzas militares estadounidenses.
En un comunicado, la Casa Blanca señaló que la orden “está diseñada para ofrecer una senda para que los fondos lleguen al pueblo de Afganistán, al tiempo que impedir que lleguen a manos del Talibán y figuras malintencionadas”.
La economía afgana, que ya arrastraba problemas desde hacía tiempo, está en caída libre desde que el Talibán tomó el poder. Casi el 80% del presupuesto del anterior gobierno de Kabul procedía de la comunidad internacional. Esas partidas, que ahora se han suspendido, servían para financiar hospitales, escuelas, fábricas y ministerios gubernamentales. La desesperación por cubrir las necesidades básicas se ha exacerbado por la pandemia del COVID-19, además de la escasez de atención médica, la sequía y la desnutrición.
La falta de fondos ha llevado a un incremento de la pobreza, y los grupos de ayuda han advertido sobre una catástrofe humanitaria inminente. Empleados estatales, desde médicos a profesores y funcionarios públicos, no cobran sus salarios desde hace meses. Por su parte, los bancos han restringido la cantidad de dinero que los cuentahabientes pueden retirar.
Según el funcionario, los tribunales estadounidenses en que las víctimas del 11-S han presentado denuncias contra el Talibán también tendrán que tomar medidas para que las víctimas sean indemnizadas.
Finalmente serán los tribunales los que decidan si las víctimas tienen un elementos para acceder a los 3.500 millones de dólares que el gobierno estadounidense está asignándoles a través del fondo fiduciario, de acuerdo con dos funcionarios sénior del gobierno que hablaron con los medios antes de la firma.
El gobierno de Biden sigue trabajando en los detalles para la creación del fideicomiso, un esfuerzo que, de acuerdo con la Casa Blanca, podría tomar meses resolver.
El vocero político del Talibán, Mohammad Naeem, criticó al gobierno de Biden por no liberar todos los fondos para Afganistán.
“El robo de los fondos bloqueados de la nación afgana por Estados Unidos y su incautación (de esos fondos) muestra el nivel más bajo de humanidad… de un país y una nación”, tuiteó Naeem.
