El noroeste de Colombia quedó paralizado por casi dos semanas a raíz de una manifestación respaldada por centenares de mineros que reclamaban garantías para continuar trabajando y el cese de las acciones de la fuerza pública que destruían maquinaria usada en la minería ilegal. Por su capacidad de coerción, el gobierno achacó la movilización al cártel Clan del Golfo, de lo que los mineros se deslindan.
El gobierno nacional intentó contener la protesta que inició el 2 de marzo, primero, mediante un diálogo que no prosperó y, luego, enviando refuerzos de agentes y militares para recuperar la movilidad en las vías bloqueadas en el Bajo Cauca y nordeste de Antioquia. Cientos de vehículos de particulares y camiones cargados de alimentos lograron transitar escoltados por la policía.
Los bloqueos viales no permitían el transporte y se advirtió del desabastecimiento de alimentos y medicinas en al menos 12 poblaciones, así como el confinamiento de aproximadamente 250.000 personas. La situación escaló con la muerte de un hombre que chocó en su motocicleta con un árbol con el que los manifestantes bloquearon una vía y la quema de un peaje vial y dos ambulancias, pese a que en una de ellas se trasladaba a una mujer embarazada.
El primero en advertir públicamente que la protesta podría estar presionada por el Clan del Golfo, un grupo armado que además del narcotráfico está involucrado en minería ilegal, fue el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria. Después, respaldaron la denuncia el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y el presidente colombiano, Gustavo Petro.
Ese contexto puso a tambalear, además, una eventual negociación para someter a la justicia al Clan del Golfo, grupo que desde enero dijo querer cumplir un cese al fuego bilateral.
Petro advirtió el lunes en un programa gubernamental que el Clan del Golfo no “fue capaz de dar el paso hacia un sometimiento colectivo a la justicia” porque “parece privilegiar más sus negocios” ilícitos, por lo que por el momento no ve posibilidad de negociación hasta que no se evidencie “voluntad política”.
La protesta surgió luego de que las fuerzas militares dinamitaran en la zona nueve dragas -utilizadas para extraer material de los ríos- que se empleaban para la extracción ilegal de oro.
