La decisión del presidente Donald Trump de reclasificar el cannabis de la Lista I a la III tiene profundas implicaciones para la política sobre la marihuana. La firma de la orden ejecutiva en este sentido marca el giro más pragmático en la política de drogas federal en 50 años.

Aunque esta medida no legaliza la droga a nivel federal, sugiere un cambio de percepción que podría facilitar el acceso a fondos y reducir impuestos para los productores.

A pesar de la nueva clasificación, el cannabis seguirá disponible exclusivamente en los estados que han legalizado su uso medicinal y recreativo. Es posible que más estados busquen legalizar la marihuana, pero estos cambios dependerán de la aprobación del Congreso.

¿Qué implica la reclasificación?

Compra. El cannabis seguirá estando disponible para su compra solo en los 38 estados que han legalizado la marihuana medicinal y en los 24 estados que se permite su uso recreativo.

Regulaciones sobre el transporte. El transporte de cannabis sigue siendo ilegal a nivel federal, lo que significa que los consumidores no pueden llevar productos de cannabis en vuelos. El potencial de transporte entre estados no ha cambiado.

Efectos en el mercado. La reclasificación podría reducir los precios del cannabis, ya que aliviaría la carga fiscal sobre los negocios. Hasta hoy, las empresas de cannabis no podían deducir gastos operativos estándar (renta, nómina, marketing) porque traficaban con una sustancia de la Lista I. Pagaban tasas efectivas de impuestos de hasta el 70-80%. Por otra parte, los precios del mercado negro continuarán persistiendo hasta que la marihuana en los dispensarios se iguale con la oferta ilegal.

Salud pública. Un detalle novedoso en esta orden es la instrucción directa a los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS). Se lanzará un programa para que beneficiarios de Medicare reciban reembolsos por tratamientos de cannabidiol (CBD) y cannabis medicinal bajo recomendación médica, comenzando en abril.

Legal. Los mercados recreativos estatales (California, NY) técnicamente siguen operando fuera del marco estricto de la Lista III, que requiere aprobación de la FDA para cada producto y dispensación en farmacias. Por otra parte, aunque baja la prioridad criminal, no elimina las penas federales por tráfico sin licencia. La industria queda en un limbo: legalmente reconocida como medicina, pero operativamente tolerada como recreativa.

Investigación científica. Facilitará significativamente la investigación científica al reducir barreras burocráticas y regulatorias. Esta nueva categoría reconoce su uso médico aceptado y menor potencial de abuso, permitiendo un acceso más amplio a fondos federales, laboratorios y estudios clínicos que antes requerían licencias especiales restrictivas.

Posibles desafíos legales

Expertos advierten sobre la posibilidad de desafíos legales en respuesta a la reclasificación. Grupos opositores al cannabis han expresado su oposición y sugieren que podrían surgir disputas legales, lo que complicaría la implementación de la medida.

Definitivamente, la medida transforma la marihuana de “droga callejera” a “tratamiento reembolsable” para un demográfico clave para Trump: los adultos mayores.

Proceso de legalización en estados

Los estados inician típicamente mediante iniciativas ciudadanas, propuestas legislativas o referendos. Requieren recolección de firmas válidas (por ejemplo, 5-10% del voto anterior), aprobación legislativa en algunos casos, y votación popular si es vía ballot.

Pasos clave:

  • Iniciativa o Proyecto de Ley: Recopilar firmas o presentar en asamblea estatal; revisión por tribunales para validez.
  • Aprobación legislativa: Votación en cámaras; firma del gobernador (o veto override).
  • Referendo electoral: Si aplica, votación pública en elecciones; mayoría simple suele bastar.
  • Reglamentación posterior: Crear agencias para licencias, impuestos y dispensarios; armonizar con leyes federales.

La reclasificación del cannabis reduce conflictos federales-estatales, permitiendo deducciones fiscales y más investigación, pero estados deben legislar independientemente; 40 ya permiten uso médico.