La mayoría de los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos indicaron el lunes que permitirían a los proveedores de servicios de aborto apelar una estricta ley de Texas que prácticamente impide interrumpir un embarazo después de las seis semanas de gestación.
Pero no estaba claro qué tan rápido emitirá un fallo el tribunal, si emitirá una orden que bloquee la ley que entró en vigencia hace dos meses, o si pedirá a los proveedores que pidan a un tribunal inferior que suspenda la ley.
Los jueces Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett, dos conservadores nominados por el expresidente Donald Trump, votaron en septiembre a favor de permitir que la ley entrara en vigor, pero el lunes plantearon dudas sobre su novedosa estructura. La ley, redactada para dificultar la presentación de impugnaciones legales, puede imponer fuertes cargas económicas a clínicas, médicos y cualquier otra persona que facilite los abortos.
”Millones y millones impuestos de forma retroactiva, aunque la actividad era perfectamente legal según todas las órdenes judiciales y los precedentes en el momento en que se llevó a cabo, ¿verdad?”, cuestionó Kavanaugh, una de las varias preguntas escépticas que formuló a Judd E. Stone II, quien representó a Texas.
Barrett también cuestionó a Stone II sobre las disposiciones de la ley que obligan a los proveedores a enfrentar las demandas una por una y que —dijo— no permiten que sus derechos constitucionales sean “completamente ventilados”.
Los jueces escucharon tres horas de argumentos el lunes en dos casos sobre si los proveedores de servicios de abortos o el Departamento de Justicia pueden presentar impugnaciones en los tribunales federales a dicha ley, que tiene un esquema de aplicación inusual que, según sus defensores, la protege de la revisión de tribunales federales.
El gobierno del presidente Joe Biden presentó su demanda después de que los jueces rechazaron por votación 5-4 una solicitud de los proveedores de abortos para suspender la ley. El juez Neil Gorsuch, también designado por Trump, y otros dos magistrados conservadores se unieron a Barrett y Kavanaugh para conformar mayoría y permitir que la ley entrara en vigor. El presidente del tribunal supremo, John Roberts, votó en disenso junto con los tres jueces liberales.
Los magistrados parecían menos convencidos de que la demanda del Departamento de Justicia debería seguir adelante, y la jueza Elena Kagan insinuó que un fallo a favor de los proveedores de aborto permitiría al tribunal evitar cuestiones difíciles sobre el poder federal.
En ninguno de los casos discutidos el lunes está directamente en cuestión el derecho a un aborto. Pero la motivación de las demandas es que la ley de Texas entra en conflicto con fallos históricos de la Corte Suprema que impiden que un estado prohíba el aborto en las primeras etapas del embarazo.