Todavía no hay mucha claridad cómo lograrían la unidad para ello, pero los demócratas en el Senado sopesan la posibilidad de desobedecer a la parlamentaria Elizabeth MacDonough y aprobar una protección para inmigrantes indocumentados.
La postura viene directamente de los principales negociadores con la experta legislativa en asuntos migratorios, los senadores Dick Durbin (Illinois), presidente del Comité Judicial; Alex Padilla (California), presidente del Subcomité de Inmigración, y Bob Menéndez (Nueva Jersey), presidente del Comité de Relaciones Exteriores.
“Yo votaría por ello… Espero que no llegemos a eso”, dijo Durbin a L.A. Times.
En tanto, el senador Menéndez dijo que los demócratas considerarían “todas las opciones”, aunque aclaró que espera que no se llegue a ese punto.
Aunque algunos demócratas apoyan no escuchar a la parlamentaria –y tienen la presion de 90 representantes–, el senador Joe Manchin (West Virginia), ha reiterado que no está a favor de obviar el fallo de esa experta.
Desde que comenzó el trabajo para crear el plan C para proteger a indocumentados, luego del rechazo –en negociaciones informales– para modificar la Ley del Registro que permitiría a esos inmigrantes aplicar por la ‘green card’, fuentes del Congreso dijeron a este diario que se mantenía “sobre la mesa” no tomar en cuenta a la parlamentaria, pero que preferían esperar a sus comentarios sobre la última propuesta.
El equipo técnico de los senadores presentó el miércoles pasado sus argumentos a la parlamentaria MacDonough sobre el perdón de deportación para indocumentados, Autorización de Empleo por 10 años en dos periodos, permiso de viaje al extranjero y la posibilidad de obtener una REAL ID, pero la experta no ha tomado una decisión, la cual se espera en cualquie momento de esta semana.
El plan forma parte del proyecto de ley de $1.75 billones de dólares que sería aprobado bajo el proceso de Reconciliación. Tanto los asuntos migratorios, como temas ambientales, impuestos, ayudas sociales deben pasar el llamado “Byrd bath”, a fin de que la parlamentaria confirque que se adscriben a las reglas del proceso de Reconciliación.
Decenas de organizaciones civiles han presionado para que los senadores no tomen en cuenta a la que llaman “una burócrata no electa” y aprueben un camino a la ciudadanía para indocumentados.
El plan C no contempla la ciudadanía, pero protegería temporalmente a 7.1 millones de personas sin papeles, pero un análisis del impacto fiscal de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) señala que el beneficio sería para 6.5 millones de inmigrantes.