El presidente Guillermo Lasso anunció el lunes una serie de medidas para afrontar las sucesivas masacres en cárceles estatales ecuatorianas, entre ellas un proyecto de defensa ciudadana, coordinación entre policías y militares para mantener por tiempo indefinido seguridad en las prisiones e indultos a internos.

El mandatario formuló el anuncio tras una reunión con los presidentes de la Asamblea, el Poder Judicial, la Fiscalía General, la Corte Constitucional, entre otros, y luego del último enfrentamiento entre miembros de bandas rivales que dejó el fin de semana 68 muertos y 25 heridos en la Penitenciaría del Litoral, en la ciudad costera de Guayaquil.

Alrededor de 1.000 efectivos de las fuerzas armadas y la policía ingresaron la mañana del lunes a esa penitenciaría para operativos de control de acceso y de vigilancia fuera y dentro de ese recinto, informaron las autoridades.

Ecuador está “bajo una grave amenaza externa, por el ataque de las mafias del narcotráfico, las mismas que pretenden tomar control de los centros de privación de libertad y quitarnos la tranquilidad en las calles y ciudades”, advirtió el mandatario ecuatoriano.

Destacó que es indispensable enfrentar unidos un problema de carácter global, al que además calificó como “una de las más grandes crisis de las últimas décadas en Ecuador”.

Precisó que se adoptaron decisiones como iniciar el proceso de pacificación dentro de las prisiones a través del diálogo, bajo el respeto de los derechos humanos y con el apoyo de la sociedad civil y organismos internacionales; enviar un proyecto de ley de defensa ciudadana a la Asamblea y agilizar los procesos para un efectivo trámite de los beneficios penitenciarios solicitados.

Además, ordenó a las fuerzas armadas y policía mantener el orden y la seguridad dentro y fuera del sistema carcelario de manera indefinida; promover mesas de diálogo entre el Estado y la ciudadanía con el objetivo de acompañar un proceso de reparación integral a las familias afectadas y conceder indultos a reclusos con enfermedades graves.

En lo que va del año, más de 324 reclusos han perdido la vida en enfrentamientos en cárceles estatales del país. Las autoridades han señalado que los reclusos tienen acceso a armas y munición principalmente a través de los vehículos que ingresan con provisiones y mediante entregas con drones.

El analista y profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Fredy Rivera, dijo a The Associated Press que “hay una improvisación en el servicio de atención penitenciaria… que ha dado lugar para que se acreciente todo el poder del crimen organizado en este país, que tiene controles no sólo en las prisiones sino en el sistema de justicia, que es lo más grave”.

Agregó que las cárceles están bajo el control del crimen organizado y no del Estado. “Hay ausencia total del Estado, por culpa propia… esta es una cosa ya advertida”, agregó.

Lasso llegó al poder a finales de mayo y en septiembre afrontó la matanza de 119 presos en la Penitenciaría del Litoral, ocupada por integrantes de al menos seis bandas relacionadas con el tráfico de droga a nivel nacional e internacional. Ese recinto fue construido para 5.000 presos, pero está ocupado por más de 8.500.