El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo el lunes que protegerá a quienes busquen un aborto en Texas, después de la aprobación de una ley estatal restrictiva y controvertida sobre el tema.
El fiscal general Merrick Garland aseguró que el Departamento de Justicia aún está buscando con urgencia disputar la nueva legislación en Texas que prohíbe la mayoría de los abortos en el estado.
La semana pasada, la Corte Suprema de Estados Unidos se negó a bloquear la ley después de que partidarios del derecho al aborto pidieran a la corte a escuchar el caso.
Garland apuntó en un comunicado de prensa que, Washington «protegerá a quienes busquen obtener o proporcionar servicios de salud reproductiva» bajo una ley federal conocida como Ley de Libertad de Acceso a las Entradas a Clínicas. La ley, comúnmente conocida como Ley FACE (por sus siglas en inglés), protege a quienes buscan abortos contra amenazas o interferencias.
«El departamento brindará apoyo de la policía federal cuando una clínica de abortos o un centro de salud reproductiva sea atacado», dijo Garland. «No toleraremos la violencia contra quienes buscan obtener o proporcionar servicios de salud reproductiva, obstrucción física o daños a la propiedad en violación de la Ley FACE».
Texas se encuentra entre una docena de estados en su mayoría liderados por republicanos que han promulgado prohibiciones de aborto por «latidos del corazón», que prohíben el procedimiento una vez que se puede detectar la contracción rítmica del tejido cardíaco fetal, a menudo a las seis semanas, y algunas veces antes de que la mujer se dé cuenta de que está embarazada. Sin embargo, la mayoría de estas legislaciones estatales han sido revertidas por Corte Suprema.
La ley de Texas es inusual en el sentido de que otorga a los ciudadanos el poder de hacer cumplir la legislación al permitirles demandar a los proveedores de servicios de aborto y a cualquier persona que «ayude o sea cómplice» de un aborto después de seis semanas. Aquellos que ganen tales demandas tendrían derecho a al menos 10.000 dólares.
La legislación entró en vigor el miércoles pasado, incluso antes de que la Corte Suprema emitiera su decisión. Los partidarios de la ley elogiaron a la corte por no bloquearla.
