El Caucus Hispano en el Congreso, liderado por el representante Raúl Ruiz (California), tiene clara la complicada ruta bajo el proceso de Reconciliación para aprobar el camino a la ciudadanía para indocumentados, pero preparan varios ases bajo la manga para lograr su cometido, por mínimo que pueda ser.

En entrevista con este diario, el californiano explicó que el meollo del asunto está en los argumentos legislativos que se presenten a la parlamentaria del Congreso, Elizabeth MacDonough, quien determinará qué reformas pueden ser incluidas bajo el proceso de Reconciliación que facilita la aprobación con mayoría simple, pero con estrictas reglas a seguir.

“Si nosotros nos vamos más allá de lo que es permitido bajo esas reglas, y si no estamos claros en nuestros argumentos, ella puede decidir que no, que no podemos poner reforma migratoria bajo proceso de Reconciliación“, reconoció Ruiz.

Sin embargo, dijo que los demócratas preparan varios escenarios que quizá no beneficien a todos los 11 inmigrantes indocumentados, pero sí al mayor número posible.

“Entonces, el enfoque y la estrategia de nosotros los hispanos en el Congreso… es amplificar… que podamos, para incluir a los más que podamos”, expuso. “Y seguir insistiendo y si la parlamentaria dice que un grupo no está bajo la justificación de la reglas del proceso de Reconciliación, vamos a regresar con otros grupos y otros grupos… y no vamos a terminar hasta que podamos cargar lo más que podamos“.

Los demócratas tienen al menos cuatro proyectos de ley en el Congreso. El Dream and Promise Act y una reforma para trabajadores agrícolas, ya pasaron en la Cámara de Representantes, pero están atoradas en el Senado, donde se prepara un proyecto que incluya al mayor número posible de inmigrantes indocumentados.

En varias entrevistas con activistas y congresistas, hay coincidencia que se busca asegurar la naturalización para los ‘dreamers’, las personas bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS), trabajadores del campo y trabajadores esenciales de distintos sectores , incluidas la médica y de servicios de alimentos.

“En el Caucus estamos viendo la manera, los argumentos en que podemos incluir un paso a la ciudadanía y protecciones a los ‘dreamers’, gente con TPS, los trabajadores esenciales, incluso los campesinos”, adelantó Ruiz.

La justificación económica

A mediados de junio el Center for American Progress (CAP) y el Centro de Migración Global de la Universidad de California, Davis (UC Davis) publicaron un análisis de cuatro escenarios sobre cómo beneficiaría a la economía de EE.UU. otorgar la ciudadanía a distintos grupos de indocumentados.

Los demócratas están tomando en cuenta ese reporte, el cual señala como mejor escenario otorgar la ciudadanía a 11 millones de indocumentados, lo cual aportaría hasta $1.7 billones de dólares al Producto Interno Bruto (PIB) del país durante la próxima década, además de incrementar los salarios de todos los estadounidenses y crearía cientos de miles de nuevos empleos.

El escenario más conservador es beneficiar a ‘dreamers’, TPS y trabajadores esenciales, lo que aumentaría el PIB en $1.5 billones de dólares durante 10 años y crearía 400,800 nuevos empleos.

El representante Ruiz indicó que hay varios estudios, como el mencionado, que los demócratas están tomando en consideración.

“Hay un caso directo para decir que el paso a la ciudadanía a estos grupos va a poder ayudar el presupuesto, la economía y debería estar adentro del proyecto de ley del proceso de Reconciliación”, defendió. “Podemos crear nuevos trabajos… aumentar salario de las familias. Eso crea más dinero para atender el Medicare, el Seguro Social”.

Cuándo se avanzará

El representante Ruiz dijo que el mejor escenario para los demócratas es incluir a unos ocho millones de inmigrantes indocumentados, aunque otros expertos señalan que serían entre cinco y siete millones.

“Es muy importante saber que incluyendo a todos los grupos mencionados en concreto podemos dar un paso a la ciudadanía y protección a ocho millones de personas, pero claro queremos los 11 (millones)”, insistió.

La ruta legislativa comienza a finales de agosto o principios de septiembre, cuando se envíe una propuesta a la parlamentaria y a partir de ahí comiencen las negociaciones. En esto lleva mano el Senado, donde lidera la mayoría Chuck Schumer (Nueva York).

La aprobación de alguna reforma migratoria podría ocurrir en octubre o a más tardar en noviembre.

“Es posible que en octubre que puede ocurrir, primero necesita pasar las instrucciones a los comités. Eso puede suceder a fines de agosto en el Senado o en septiembre”, apuntó Ruiz. “En un mes tendremos los detalles y decisiones de la parlamentaria… esperemos que tengamos resoliución en octubre, no más tarde de noviembre”.