La decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de conceder una inmunidad parcial a Donald Trump (2017-2021) por sus actos como presidente durante el asalto al Capitolio le hace ganar un elemento crucial en su carrera hacia la Casa Blanca: tiempo.

El exmandatario ya había conseguido dilatar los procesos en su contra, pero el dictamen de la máxima instancia judicial da un nuevo impulso a sus aspiraciones políticas al dificultar todavía más que estos se resuelvan antes de los comicios del 5 de noviembre.

El poder presidencial, según el Supremo, “da derecho a un expresidente a la inmunidad absoluta de enjuiciamiento penal por acciones dentro de su autoridad constitucional” y le concede derecho también a la presunta inmunidad judicial por esos actos oficiales, pero no para los no oficiales.

“El tribunal no hace mucho para distinguir qué acciones encajan o no en cada categoría. Remite esto a los tribunales inferiores para que determinen de forma más precisa qué actos fueron oficiales y cuáles no”, explica a EFE Mark Smith, decano de la Facultad de Humanidades en la Universidad Cedaverville.

Trump estaba acusado en Washington DC de subversión electoral. Los intentos por revertir los resultados de las elecciones de 2020, en las que ganó el demócrata Joe Biden, derivaron en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Decidir qué acciones pueden considerarse oficiales o no “puede tardar mucho tiempo”, explica el politólogo. “Y en cuanto el tribunal inferior tome una decisión y decida por ejemplo que puede ser procesado, él lo apelará y eso podría volver al Supremo”, agrega.

Hasta ahora ningún presidente o expresidente estadounidense había sido imputado, por lo que es la primera vez que el Supremo ha debido pronunciarse al respecto. “No tenía otra opción que aceptar el caso”, recalca Smith.

No hay una base histórica al alegato de que un presidente está por encima de la ley, pero los márgenes de tal afirmación se difuminan al hablar de sus actos como mandatario. “Si ordena una operación militar y hay gente que muere como resultado, nadie piensa que debería ser acusado de asesinato”, apunta el decano de la Universidad Cedarville.

No está por encima de la ley, “pero sí tiene poder bajo la Constitución, lo que hace que no sea un ciudadano normal”, indica.

Según añade a EFE el abogado Thomas Wolf, director de Iniciativas para la Democracia en el Centro Brennan para la Justicia, haberle concedido este lunes una inmunidad absoluta hubiera “convertido en rey” el cargo presidencial y hubiera eliminado el Estado de Derecho en el país”, al poner a los mandatarios en una “posición única” capaz de incumplir la ley sin consecuencias.

También le habría otorgado el poder de indultar a quienes incumplen la ley en su nombre. “La combinación de esos dos poderes en manos de una sola persona destruiría completamente la noción de democracia”, apunta.

Los “padres fundadores” de Estados Unidos querían garantizar que ningún presidente tuviera derecho a recibir la inmunidad de la que gozan los monarcas o los dictadores, afirma.

Una inmunidad total hubiera acabado con el caso en su contra en Washington DC, pero este dictamen más ambiguo lo mantiene abierto y puede tener consecuencias también para otros dos procesos judiciales en su contra: uno en Georgia por intentar revertir los resultados electorales en ese estado y otro en Florida por haberse llevado documentos clasificados al abandonar el poder.

“El Supremo no resuelve completamente toda la cuestión, ni siquiera lo oficial versus lo no oficial. Entonces es muy probable que estemos apenas en la fase inicial de esto”, añade Smith, para quien la decisión no debe considerarse tampoco una “victoria legal” para Trump porque hay posibilidades de que algunas de sus acciones ese 6 de enero sean consideradas no oficiales.

El propio expresidente, sin embargo, sí lo ha definido como tal. “Gran victoria para nuestra Constitución y democracia. ¡Orgulloso de ser estadounidense!”, concluyó el republicano en un mensaje en letras mayúsculas en su red social, Truth Social.