Mientras la alcaldesa Michelle Wu se prepara para presentarse ante el Congreso para defender las protecciones de Boston a las comunidades inmigrantes, la ciudad se encuentra en medio de una guerra verbal con el gobierno del presidente Donald Trump y representantes republicanos sobre cuánto deben apoyar las deportaciones las fuerzas policiales.
El zar fronterizo del presidente Donald Trump, Tom Homan, arremetió contra el comisionado de policía de Boston en un discurso pronunciado en la Conferencia de Acción Política Conservadora, afirmando que hay al menos nueve acusados de “violación de menores” en la cárcel que las autoridades locales se rehúsan a entregar al servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). Prometió ir a Boston y “llevar el infierno con él”.
La oficina de asuntos públicos del ICE no respondió a una solicitud de información sobre estos casos, y Homan no dio detalles sobre ningún plan de viaje.
Boston no está sola: el ICE ha acusado a las autoridades estatales y locales de todo el país de no cooperar para deportar a personas acusadas de delitos violentos.
En la audiencia del miércoles ante el Comité de Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes, Wu estará acompañada por los alcaldes de Chicago, Nueva York y Denver, todos ellos atrapados en la línea de fuego de lo que significa ser una “ciudad santuario”.
El ICE tiene la facultad de hacer cumplir las leyes de inmigración en todo el país, pero necesita la ayuda de las autoridades estatales y locales para lograr deportaciones a gran escala. El servicio pide a la policía y a los jefes policiales que les alerten sobre ciertas personas que desean deportar y que las retengan durante hasta 48 horas para que los agentes de inmigración tengan tiempo de llegar y tomarlos en custodia.
Las ciudades santuario limitan dicha cooperación cuando se trata de personas acusadas que aún no han sido condenadas por delitos, de conformidad con las leyes estatales o locales que prohíben entregar a las personas al ICE simplemente por carecer de permiso legal para estar en el país.
“Si alguien ha cometido un delito grave, nuestra posición es que queremos hacer que rinda cuentas”, dijo el fiscal del condado de Sussex, Kevin Hayden. “Lo que quieran hacer con sus consecuencias migratorias o su deportación, si las hay, después de que lo hagamos rendir cuentas, depende del gobierno federal. Depende del ICE”.
Entregar a los acusados dificultaría obtener la cooperación de los inmigrantes en la investigación de delitos y no lograría hacer justicia para las víctimas, argumentó Hayden.
¿Qué podría pasar con las ciudades que no cumplan?
Un ominoso video de la comisión liderada por los republicanos retrata a Wu y a otros alcaldes de grandes ciudades como villanos, mientras el representante republicano de Kentucky, James Comer, dice: “Si van a seguir desobedeciendo la ley, entonces creo que deberíamos recortar tanto de su financiamiento federal como podamos”.
El gobierno de Trump ha comenzado a emprender acciones legales, acusando a Illinois, Chicago y el condado de Cook de violar la ley federal al no cooperar. Legisladores en más de 20 estados buscan crear leyes contra las llamadas ciudades santuario, encontró The Associated Press tras utilizar el software de seguimiento de proyectos de ley Plural.
Y algunas de esas comunidades están contraatacando: Los suburbios de Boston, Chelsea y Somerville, presentaron una demanda en la que acusan al gobierno de Trump de violar sus derechos constitucionales.
