El endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos puso a un nuevo grupo de migrantes bajo la lupa de las autoridades: los que se encuentran bajo libertad condicional, incluso por delitos menores.
La colaboración entre agencias penitenciarias estatales y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ha generado preocupación entre abogados de inmigración, quienes denuncian una práctica que consideran poco ética y que podría estar vulnerando derechos fundamentales.
En Utah, la situación se ha intensificado desde diciembre, cuando oficiales de supervisión estatal comenzaron a detener directamente a migrantes durante sus citas regulares de control, muchas veces sin previo aviso y en coordinación con ICE.
“Es una práctica deshonesta. Les piden que se reporten como exige la ley y, una vez allí, los arrestan”, denunció el abogado Adam Crayk al periódico Salt Lake Tribune, citado por la agencia de noticias Efe.
Otros abogados, como Chris Keen y Orlando Luna, coinciden en que estas acciones han deteriorado la confianza entre los migrantes, sus defensores y el sistema judicial. Ante esta realidad, profesionales del derecho se debaten entre recomendar que sus clientes cumplan con sus citas o protegerlos del riesgo de ser detenidos.
“Ahora es una decisión que dejamos en manos del propio inmigrante”, reconoció Crayk.
Desde el Departamento Correccional de Utah, sin embargo, se insiste en que no hay novedades en los procedimientos. Su portavoz, Glen Mills, afirmó que el intercambio de información con ICE lleva al menos una década y negó que existan cambios recientes en la política estatal.
ICE defiende la deportación de mirantes en libertad condicional
Por su parte, ICE defiende la legalidad de las detenciones y argumenta que las personas en libertad condicional siguen siendo consideradas “deportables” por ley federal, aun cuando hayan cumplido sus condenas estatales. Asegura, además, que estas acciones ayudan a reducir la reincidencia.
Pero esta tendencia no se limita a Utah. En Idaho, por ejemplo, una reciente modificación legal transfirió a los supervisores de libertad condicional la potestad de entregar inmigrantes a ICE, una función que antes correspondía exclusivamente a la Comisión de Perdones.
Y en Oklahoma, la llamada Operación Guardián busca trasladar a más de 500 inmigrantes a centros de detención migratoria, con un costo diario estimado de $36,000 dólares.
En contraste, estados como California y Colorado establecieron restricciones a la cooperación con ICE. En Colorado, solo la Junta Estatal de Libertad Condicional puede autorizar entregas, mientras que en California la ley exige un proceso más riguroso para notificar a ICE.
En Nueva York, aunque el estado mantiene una política oficial de no colaboración con ICE, organizaciones como el Proyecto de Defensa de Inmigrantes han denunciado que el Departamento de Correcciones continúa facilitando detenciones que terminan en deportaciones.
Frente a este panorama, algunos abogados sugieren como alternativa la implementación de citas privadas de supervisión para inmigrantes bajo libertad condicional, aunque reconocen que esta solución podría implicar costos adicionales y barreras idiomáticas para los afectados.
