La decisión de un tribunal federal de apelaciones en Estados Unidos encendió nuevamente el debate sobre los derechos de los inmigrantes, al respaldar la detención sin derecho a una audiencia de fianza para personas que enfrentan procesos migratorios y cuya permanencia bajo custodia puede prolongarse durante meses.
El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito determinó, en una votación reportada de 10 a 7, que los inmigrantes detenidos bajo la disposición legal analizada no tienen derecho constitucional a una audiencia individual en la que un juez valore si representan un peligro o existe riesgo de fuga.
El fallo cierra una puerta para los inmigrantes detenidos
La resolución favorece la política del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que endureció los criterios de detención durante la administración de Donald Trump.
De acuerdo con la información publicada por POLITICO, los jueces de tribunales de distrito habían emitido más de 15,000 resoluciones relacionadas con este conflicto. En más de 13,000, rechazaron la interpretación del ICE sobre su autoridad para mantener detenidas a estas personas.
Además, en el último año, jueces federales habían fallado en contra de las detenciones sin fianza en más de 21,150 ocasiones, según los datos recogidos en la información proporcionada.
La nueva decisión limita esa vía de impugnación, particularmente cuando se argumenta que la falta de una audiencia de fianza vulnera el debido proceso.
El debido proceso, en el centro de la disputa
La opinión mayoritaria señaló: “No cabe duda de que los peticionarios gozan de la protección de la Quinta Enmienda”.
Sin embargo, añadió que la cuestión es determinar “qué proceso específico corresponde a los extranjeros indocumentados en espera de su deportación”.
Los magistrados consideraron que las audiencias solicitadas no cambiarían la legalidad de la detención bajo la disposición invocada por el Gobierno. Por ello, concluyeron que su ausencia no constituía, por sí misma, una violación constitucional.
La controversia también enfrenta distintas interpretaciones de la Ley de Inmigración y Nacionalidad que dice que el Gobierno defiende la aplicación de una disposición sobre personas que buscan ingresar al país, mientras los defensores de los inmigrantes sostienen que corresponde otra norma para quienes ya están dentro de Estados Unidos.
El caso podría llegar a la Corte Suprema, donde se espera que continúe el debate sobre las facultades migratorias y las garantías constitucionales.
