El Departamento de Justicia demandó el jueves a Texas por una nueva ley estatal que prohíbe la mayoría de los abortos, argumentando que fue promulgada “en abierto desafío a la Constitución”.
La demanda, presentada en un tribunal federal de Texas, pide a un juez federal que declare que la ley es inválida, “que impida su aplicación y que proteja los derechos que Texas ha violado.”
“La ley es claramente inconstitucional de acuerdo con los precedentes de la Corte Suprema”, dijo el secretario de Justicia, Merrick Garland, en una conferencia de prensa en la que anunció la demanda.
El Departamento de Justicia alega que la ley infringe ilícitamente los derechos constitucionales de las mujeres y viola la Cláusula de Supremacía de la Constitución, que señala que la ley federal prevalece sobre la ley estatal. Las autoridades federales también están preocupadas de que otros estados puedan promulgar leyes similares que, según dijo Garland, “privarían a sus ciudadanos de sus derechos constitucionales”.
“Es un derecho constitucional establecido que ‘un Estado no puede prohibir a ninguna mujer tomar la decisión final de interrumpir su embarazo antes de la viabilidad’”, señala la demanda. “Pero Texas ha hecho precisamente eso”.
La ley de Texas, llamada SB8, prohíbe la interrupción del embarazo una vez que los profesionales médicos pueden detectar la actividad cardíaca fetal, lo que normalmente ocurre alrededor de las seis semanas de gestación, antes de que algunas mujeres sepan siquiera que están embarazadas. Los tribunales han impedido que otros estados impongan restricciones similares, pero la ley de Texas difiere significativamente porque delega la aplicación de la medida a los ciudadanos privados mediante demandas civiles.
La presión sobre el Departamento de Justicia había aumentado no sólo por parte de la Casa Blanca —el presidente Joe Biden ha dicho que la ley es “casi antiestadounidense”_, sino también por parte de los legisladores demócratas, que querían que Garland tomara medidas. Esta semana Garland prometió que el Departamento de Justicia intervendría para hacer cumplir una ley federal conocida como Ley de Libertad de Acceso a las Entradas de las Clínicas.
Esa ley, conocida comúnmente como la Ley FACE, prohíbe obstruir físicamente el acceso a las clínicas de aborto mediante el bloqueo de las entradas o con amenazas de usar la fuerza para intimidar o interferir con alguien. También prohíbe dañar la propiedad de las clínicas de abortos y de otros centros de salud reproductiva.
La querella entablada el jueves pretende se emita una medida cautelar inmediata para prohibir que se implemente la ley de Texas. Bajo la ley, alguien podría presentar una demanda, incluso si no tiene una relación con la mujer que busca abortar, y podría tener derecho a recibir hasta 10.000 dólares en daños y prejuicios si gana el caso en la corte.
“La ley delega a todos los ciudadanos, sin que tengan que mostrar que tienen una conexión personal o que sufrieron un perjuicio, para que funjan como cazadores de recompensas autorizados para recuperar al menos 10.000 dólares por demandar a los individuos que ayuden a una mujer a ejercer sus derechos constitucionales”, señaló Garland. “La intención obvia y expresamente reconocida de este plan legal es impedir que las mujeres ejerzan sus derechos constitucionales al impedir la revisión judicial”.
El secretario también argumentó que la ley de Texas podría exponer a algunos empleados federales de distintas agencias del gobierno a quedar sujetos a responsabilidad civil por hacer su trabajo.
La ley de Texas es el mayor freno del país al aborto desde que la Corte Suprema afirmó en el histórico fallo Roe contra Wade de 1973 que las mujeres tienen un derecho constitucional al aborto.
Los proveedores de servicios de aborto han dicho que cumplirán con la ley, pero algunas de las aproximadamente dos docenas de clínicas de aborto de Texas ya han dejado de ofrecer temporalmente sus servicios. Las clínicas de los estados vecinos, mientras tanto, han registrado un aumento de pacientes de Texas.