El Congreso guatemalteco reformó el martes la Ley de Migración para aumentar las penas de prisión y multas a quienes resulten responsables de promover o facilitar el tráfico de personas, elevando de 10 a 30 años la prisión.
Con 87 votos oficialistas y aliados de más de 160 diputados se aprobó la reforma que fue solicitada a mediados de mes por el presidente Alejandro Giammattei.
Según los cambios, quién cometa el delito de traficar personas con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro de orden material, promueva o facilite el ingreso, permanencia o salida ilegal del territorio de una o más personas nacionales o extranjeras será sancionado con prisión hasta de 30 años. El endurecimiento de las penas también incluye a aquellas personas que resulten responsables de facilitar o promover el transporte o tránsito de una o más personas extranjeras.
