Hilda Pineda —la fiscal guatemalteca que tuvo a su cargo la fiscalía que llevó a juicio al exdictador fallecido Efraín Ríos Montt y que logró sentencias contra militares, paramilitares acusados de delitos de lesa humanidad— fue removida del cargo por la fiscal general Consuelo Porras.
Pineda, exjefa de la fiscalía de sección de Derechos Humanos, confirmó el lunes a The Associated Press la decisión y dijo que había sido trasladada a una nueva fiscalía donde conocerá delitos contra turistas, casi a la misma hora que se anunció la creación de ese organismo.
La fiscalía aún no da detalles del cambio ni informa quién sustituirá a Pineda.
Entre los casos de mayor impacto que conoció la fiscal, está haber llevado a juicio al exdictador Ríos Montt, logrando una condena a 80 años de prisión por genocidio que luego fue revertida por la Corte de Constitucionalidad argumentando fallas en el debido proceso. Ríos Montt murió en 2018 en proceso de juicio sin condena.
También logró condenas de más de 6,000 años de prisión para varios exmilitares condenados por la masacre de Dos Erres ocurrida en 1982 cuando un grupo de soldados del ejército guatemalteco entró a una comunidad rural en el norte del país y asesinó a más de 200 campesinos, entre ellos, hombres, mujeres, niñas y niños.
Los relatos de testigos de la masacre y exhumaciones hechas en el lugar dieron cuenta de que los militares saquearon la comunidad, violaron a mujeres, asesinaron a niños y adultos y luego los tiraron en un pozo que se construía en el lugar.
Héctor Reyes, abogado de víctimas que han llevado a juicio a militares por delitos cometidos durante la guerra, dijo a la AP que el cambio es un golpe para los sobrevivientes, “sobre todo para aquellas victimas que durante años han esperado tener accesos a la justicia”. Agregó que “el cambio es un gran retroceso para la justica… Hay varios casos en proceso que puede ser limitados por la inferencia de la Fiscal General por tratar de proteger a sus amigos o a cierto sector como en este caso al sector militar de Guatemala”.
Uno de los últimos casos llevados al justicia por Pineda fue el conocido como “Diario Militar”, un dossier descubierto en 1999 que contenía la bitácora policial que detallaba el asesinato, tortura y desaparición forzada de más de 190 personas a mano de las fuerzas de seguridad civiles y militares guatemaltecas en 1984.
Pineda y su equipó lograron que un juez ordenara la aprehensión de los presuntos responsables que ahora están a la espera de resolver su situación.
Edgar Pérez, abogado de víctimas del conflicto armado en Guatemala (1969-1996), dijo a la AP que el cambio de Pineda es un pérdida, sobre todo por lo invertido en su formación. “Nos sorprende por el trabajo que hacía Pineda, desconocemos los motivos. Siempre es una perdida cuando hay alguien especializado con bastante experiencia. No sabemos quién va a llegar o si tenga el nivel de ella pero una mujer con experiencia y capacidad y se cambia, siempre es una pérdida”.
Previamente Pineda también conoció delitos contra operadores de justicia, periodistas y sindicalistas, pero Porras dividió la fiscalía y redujo el alcance de los casos que podía conocer Pineda.
Varias organizaciones de derechos humanos han denunciado las decisiones tomadas por Porras en los últimos meses y consideran que ha desarticulado la lucha contra la corrupción y los Derechos Humanos en el país.
En 2021 Estados Unidos retiró su confianza y financiamiento a Porras y le retiró la visa de entrada a su país por considerar que obstaculiza la lucha contra la corrupción y es parte de los actores antidemocráticos de la región.
