El Congreso avanzó con la aprobación de $1.5 billones de dólares de fondos federales que contemplan un incremento para la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), a fin de implementar nuevas políticas sobre inmigrantes indocumentados.
Una división de esa agencia Oficina de Ejecución y Deportaciones (ERO), será de las más beneficiadas con un aumento, pero los legisladores se negaron a financiar nuevas contrataciones de agentes de inmigración.
Sin embargo, organizaciones que defienden a inmigrantes indocumentados han alertado que las nuevas opciones que planea ICE para inmigrantes podrían ser demasiado “invasivas”, así sean alternativas a la detención en prisiones, ya que deberán incluso tener una especie de “toque de queda”.
La congresista Lucille Roybal-Allard (California), presidenta del Subcomité de Asignaciones de Seguridad Nacional, destacó que varios de esos fondos serán dirigidos a las oficinas de defensa del usuario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), pero también confirmó la asignación para las Alternativas a la Detención (ATD, por sus siglas en inglés).
“Luché para garantizar que el proyecto de ley de financiación del Departamento de Seguridad Nacional incluya $443 millones para alternativas a la detención (ATD) para inmigrantes y $15 millones para un programa piloto de gestión de casos de ATD”, indicó.
Defendió que parte de esos fondos serán destinados a organizaciones sin fines de lucros.
El Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse, Nueva York, reveló que actualmente más inmigrantes son liberado bajo ADT, el cual permite a los no ciudadanos permanecer en libertad condicionada, mientras esperan una solución en tribunales.
El investigador del TRAC, Austin Kocher, destacó que cuando el presidente Joe Biden asumió la presidencia había 90,000 inmigrantes bajo ese programa, pero ahora hay más de 182,000.
