La tensión migratoria del país alcanzó un nuevo punto crítico, luego de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dispararan e hirieran a dos personas en Portland, Oregón.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) justificó el uso de fuerza letal como un acto de “defensa propia”, alegando que los sospechosos intentaron atropellar a los oficiales, hecho que vuelve a encender la polémica por el uso de la fuerza de las agencias migratorias en ciudades santuario.
El DHS confirmó a la cadena Fox News que los dos heridos son de nacionalidad venezolana y que el tiroteo ocurrió cuando los agentes federales intentaron detener un vehículo vinculado, según la versión oficial, a actividades criminales.
El DHS sostiene que el pasajero del automóvil es un inmigrante indocumentado vinculado a la red criminal transnacional “Tren de Aragua” y que estaría involucrado en un tiroteo previo en la ciudad.
“Cuando los agentes se identificaron, el conductor armó su vehículo e intentó atropellarlos. Temiendo por su vida, un agente disparó un tiro defensivo”, indicó el DHS a través de un comunicado en la red social X.
Los heridos lograron huir del lugar, pero fueron localizados a poco más de dos millas de distancia, ensangrentados y pidiendo auxilio, para luego ser trasladados a un hospital local
El incidente ocurrió alrededor de las 02:20 de la tarde en las inmediaciones de una clínica de salud en el sureste de Portland.
La Policía de Portland confirmó que agentes federales estuvieron involucrados en el tiroteo, aunque aclaró que sus oficiales no participaron directamente en el uso de la fuerza. El caso quedó bajo investigación y agentes del FBI fueron vistos recolectando evidencia en la escena.
El alcalde de Portland, Keith Wilson, pidió públicamente a la Casa Blanca suspender las operaciones de ICE en la ciudad hasta que se complete una investigación independiente. La gobernadora de Oregón, Tina Kotek, se sumó al reclamo y exigió transparencia y cooperación del gobierno federal para esclarecer los hechos.
Mientras tanto, concejales municipales y líderes comunitarios expresaron su indignación por lo ocurrido y advirtieron que la confianza entre las autoridades locales y el gobierno federal está “profundamente dañada”.
