Providence – El Gobernador Dan McKee acompañado por patrocinadores de proyectos de ley y supervivientes firmó una ley que amplía el acceso a la justicia para las víctimas de abuso sexual infantil.
La ceremonia incluyó relatos de Jim Scanlan, el Dr. Herbert Brennan, Ann Hagan Webb y Robert Houllahan, cuatro supervivientes de abusos sexuales infantiles.
La legislación (H-7200a/S-2616a), impulsada por la Representante Carol Hagan McEntee (D-Dist. 33, Narragansett, South Kingstown) y el senador Mark McKenney (D-Dist. 30, Warwick), modifica el plazo de prescripción para reclamaciones de abuso sexual a menores y crea un plazo de dos años para que las víctimas presenten reclamaciones de otro modo prescritas contra instituciones y supervisores acusados de facilitar o encubrir abusos sexuales.
«Como gobernador, padre y abuelo, me pesa el corazón al pensar en las tragedias que estos supervivientes y sus familias han sufrido. Esta legislación ayudará a impartir justicia que a tantos se les debe», dijo el gobernador Dan McKee. «Quiero agradecer a todos los que tuvieron el valor de contar sus historias, y a quienes lucharon esta lucha durante años, especialmente a Representante McEntee y al senador McKenney. Hoy es tu día, y estoy orgulloso de firmar esta ley.»
«Demasiadas víctimas han sido privadas de justicia durante demasiado tiempo. A menudo se dice que justicia retrasada es justicia negada. Esto fue así durante muchos años en Rhode Island para las víctimas infantiles de agresión sexual, pero hoy, estas valientes supervivientes finalmente han tenido la oportunidad de lograr justicia para sí mismas, y estoy enormemente agradecido a mis colegas de la Cámara y al Senado por la abrumadora aprobación del proyecto de ley y al gobernador McKee por firmarlo, dijo la Representante McEntee.
«En ningún momento de este proceso dejamos de trabajar para encontrar la manera de llevar un proyecto de ley fuerte y constitucional al pleno para que las víctimas puedan acceder a la justicia», dijo el senador Mark McKenney. «Esta legislación aplicará a las instituciones la responsabilidad civil que ya hemos aplicado a los perpetradores. Para entender por qué esto es tan necesario, solo hay que mirar el informe del Fiscal General sobre abusos, que describe las acciones vergonzosas de una institución más interesada en proteger su reputación que en los niños bajo su cuidado.»
La nueva ley entra en vigor el 1 de julio de 2026.
