Más de un centenar de organizaciones instaron a la Administración del presidente Joe Biden a redirigir parte de los fondos para la inmigración en el presupuesto del próximo año reduciendo los gastos para vigilancia en la frontera y detención de inmigrantes.
Los defensores de los inmigrantes dieron a conocer este martes las cinco prioridades para inmigración que consideran el Gobierno Biden debe incluir en el presupuesto de EE.UU. para el año fiscal 2023.
Las 131 organizaciones indicaron en un comunicado conjunto que con su propuesta están enviando “un fuerte mensaje” a la Administración Biden de que “ya es hora” de que los fondos se alejen de las medidas de aplicación “draconianas”.
Al mismo tiempo proponen invertir esos fondos en servicios legales y programación comunitaria que mejoren la seguridad y el bienestar de las comunidades.
“Los inmigrantes aportan vitalidad y resistencia a los Estados Unidos”, indicaron.
Sin embargo, agregaron que durante décadas, este país ha colocado la aplicación de la ley y la disuasión en el centro de la política de inmigración, “gastando miles de millones de dólares al año en la aplicación de la ley de inmigración, más de lo que gastamos en todas las demás fuerzas del orden federales combinadas”.
“Las consecuencias han sido mortales y han perjudicado de manera desproporcionada a las comunidades negras, marrones, indígenas y fronterizas”, afirman.
Consideran que para “restaurar la humanidad” al sistema de inmigración, el nuevo presupuesto debe incluir una reducción radical a los fondos para la detención de inmigrantes y financiar programas de apoyo basados en la comunidad en lugar del existente programa de “alternativas a la detención” del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), llamado Supervisión Intensiva (ISAP).
El programa alterno permite que ICE ajuste el nivel de supervisión de los inmigrantes de acuerdo a su “riesgo evaluado” e incluye chequeos telefónicos o en persona, monitores de tobillo, la verificación de empleo, rastreo de GPS, y visitas no anunciadas a los hogares de los participantes.
El nuevo presupuesto debe incluir además fondos para asignar abogados a adultos y familias inmigrantes a través del Departamento de Justicia y a niños no acompañados a través del Departamento de Salud y Servicios Humanos.
Recordaron a la Administración Biden que hay más de medio millón de personas que enfrentan un proceso de deportación en las cortes de inmigración sin un abogado, y que contar con un consejero legal ha probado que aumenta drásticamente la posibilidad de que una persona gane su caso.
Los grupos piden además que a su vez que se reduzcan los fondos para la vigilancia de inmigrantes y fronteras y también que se disminuya el número de agentes de ICE y la Patrulla Fronteriza.
Desde el 2003, argumentan, se ha duplicado el número de agentes de la Patrulla Fronteriza y se han triplicado los de ICE.
“Estos aumentos, combinado con la rampante corrupción y abuso, han creado un clima de temor generalizado entre inmigrantes y comunidades en la frontera y contribuido a la abusiva sobre vigilancia de negros, latinos y comunidades indígenas”, afirman en el comunicado conjunto.
