Esta semana se espera que la parlamentaria del Senado, Elizabeth MacDonough, tome una decisión sobre el llamado plan C para proteger a los inmigrantes indocumentados, a quienes se otorgaría un perdón de deportación por máximo 10 años.
Dijo que los planes migratorios bajo la agenda Build Back Better (BBB – Reconstruir Mejor) sufrirían cambios, sobre todo tras el reporte del impacto fiscal de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO).
“Las disposiciones de inmigración en BBB requerirán cambios sin importar qué, debido a problemas de costos en la proyección del CBO”, afirmó. “Los defensores han reconocido que es posible que la parlamentaria se mueva para eliminar algunas disposiciones del Plan C incluso si aprueba el núcleo del mismo”.
No hay claridad sobre cuáles serían esas modificaciones, pero es posible –según los propios activistas– que el mayor riesgo sea en provisiones sobre ayudas sociales para inmigrantes indocumentados, lo cual tendría un impacto en las finanzas públicas, a pesar de que son mínimos los apoyos considerados.
La propuesta contempla Autorización de Empleo por cinco años con opción a renovarla y como máximo al 2031, también se pretenden permisos de viajar al extranjero y la posibilidad de que los indocumentados apliquen por una licencia de conducir tipo REAL ID.
La CBO estimó que serían 6.5 millones de personas las beneficiadas con el proyecto de ley, pero defensores que ayudaron a crear el plan señalaron a este diario que el estimado es de 7.1 millones, aunque reconocieron que no siempre todos los inmigrantes elegibles deciden aplicar por un beneficio, como ocurrió con DACA.
Activistas han advertido que a pesar de los beneficios contemplados en el plan, es posible que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) redacte un reglamento que complique el permiso de viajes al extranjero, además de que las licencias de conducirdependerán de las leyes estatales.
