El Departamento del Tesoro de Estados Unidos tomó medidas para involucrar más profundamente a los bancos del país en la ofensiva del presidente Donald Trump contra la inmigración, incluida la emisión de nuevas directrices que permiten a los bancos compartir rápidamente información sobre clientes sospechosos y un aviso que los orienta a señalar indicios de que uno de sus clientes podría carecer de estatus migratorio legal.

Estos cambios forman parte del impulso del gobierno para sacar del sistema bancario del país a los trabajadores que están en el país de manera irregular sin ordenar explícitamente a los bancos que lo hagan. Para lograr que los bancos participen, el gobierno ha presentado estas acciones como una ofensiva contra el fraude y el delito, no explícitamente sobre inmigración.

“La información a su disposición puede ayudar a detener a un financista de un cártel, desarticular una red de lavado de dinero, descubrir explotación laboral o proteger a los contribuyentes del fraude”, aseveró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en declaraciones preparadas para una conferencia bancaria en Houston.

Las declaraciones de Bessent y las nuevas directrices del Departamento del Tesoro se derivan de una orden ejecutiva firmada por Trump en mayo que exige a los bancos examinar más de cerca la ciudadanía de sus clientes, además de instruir a los reguladores bancarios y a los departamentos del gobierno a buscar señales de que personas sin estatus legal están abriendo cuentas u obteniendo préstamos o tarjetas de crédito. Pero esa orden ejecutiva no incluyó un mandato explícito para que los bancos recopilen información de ciudadanía, algo contra lo que el sector presionó durante meses.