Tras una batalla legal impulsada por el Grupo de Asistencia Legal de Nueva York (NYLAG), la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) cedió a publicar miles de decisiones sobre casos de inmigración cuyas opiniones de jueces podrán servir en nuevos casos y beneficiar a miles de no ciudadanos.
El acuerdo se logró en la Corte de Distrito Sur de Nueva York, donde el Departamento de Justicia –al que pertenece la BIA– avaló la creación de una biblioteca en línea con las opiniones por publicar.
“Al dar a los inmigrantes y a sus abogados pleno acceso a las opiniones de la Junta, el acuerdo les permitirá luchar contra la deportación y otras acciones adversas“, indicó la organización.
Lo anterior porque los abogados podrán alegar la jurisprudencia en determinados casos. La NYLAG fue representada por Public Citizen Litigation Group. El acuerdo en la Corte de Distrito ocurrió luego de una decisión del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito.
“Este histórico acuerdo cambiará la práctica de la ley de inmigración en este país”, adelantó Beth Goldman, presidenta y abogada a cargo de NYLAG. “Después de nuestra victoria crucial en el Segundo Circuito, la Junta acordó dejar de mantener sus decisiones en secreto, una práctica que, durante años, ha puesto a los inmigrantes en una desventaja”.
Los abogados de inmigrantes consideran que las opiniones darán más herramientas para construir un caso y no estar en desventaja con fiscales, quienes tienen acceso a la información.
La BIA es el organismo que adjudica las apelaciones de las decisiones tomadas por los jueces de inmigración.
“La mayoría de las decenas de miles de decisiones de la Junta cada año se mantienen en secreto del público”, indica Public Citizen. “Sólo un puñado de opiniones se ponen a disposición del público en línea, y una pequeña cantidad de opiniones adicionales están disponibles en copia impresa en una biblioteca legal en Falls Church, Virginia”.
Se indicó que la Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés) pide a las agencias poner a disposición del público todas sus opiniones a través de Internet, pero la BIA se había negado.
La información será de acceso publico y los defensores podrán revisarla en un máximo de seis meses que una decisión es emitida.
“La Junta también debe publicar sus decisiones que datan de 2017, así como algunas de 2016“, se acotó. “La publicación comenzará en octubre y se implementará gradualmente a lo largo de varios años”.
“En tercer lugar, este acuerdo ayudará al DOJ y sus componentes a servir como modelo de cumplimiento de la FOIA, como deberían ser las agencias dedicadas al estado de derecho”, expuso Nelson.