Mientras decenas de migrantes deportados se agolpan en las sofocantes instalaciones del aeropuerto de San Pedro Sula, Norma se sienta bajo las luces fluorescentes con un vaso desechable de café y un pequeño plato de huevos, todo lo que le esperaba en Honduras.
La mujer hondureña de 69 años nunca había imaginado dejar su país centroamericano. Pero luego llegaron las amenazas de muerte anónimas a ella y a sus hijos y los hombres armados que aparecieron en su puerta amenazando con matarla, justo como habían matado a uno de sus familiares días antes.
Norma, quien pidió anonimato por preocupación por su seguridad, gastó sus ahorros de toda la vida, 10.000 dólares, en un viaje solo de ida hacia el norte a finales de octubre con su hija y nieta.
Pero después de que sus solicitudes de asilo en Estados Unidos fueran rechazadas, fueron embarcadas en un vuelo de deportación. Ahora, está de vuelta en Honduras al alcance de la misma pandilla, atrapada en un ciclo de violencia y precariedad económica que atormenta a deportados como ella.
“En cualquier lugar de Honduras nos pueden buscar”, dijo en la instalación de procesamiento de migrantes. “Solo la protección de Dios tenemos, porque no esperamos nada del gobierno”.
Ahora, mientras el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, se prepara para asumir el cargo en enero con la promesa de llevar a cabo deportaciones masivas, Honduras y otros países centroamericanos de donde la gente ha huido por generaciones se preparan para una posible afluencia de migrantes vulnerables, una situación para la cual están mal preparados.
Honduras, Guatemala y El Salvador, que tienen el mayor número de personas viviendo ilegalmente en Estados Unidos, después de México, podrían ser los primeros y más afectados por las deportaciones masivas, dijo Jason Houser, antiguo jefe de personal del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en el gobierno de Biden.
Debido a que países como Venezuela se niegan a aceptar vuelos de deportación desde Estados Unidos, Houser sugiere que el gobierno de Trump podría priorizar la deportación de los migrantes “más vulnerables” de esos países que tienen órdenes de expulsión pero no antecedentes penales, en un esfuerzo por aumentar rápidamente los números de deportación.
“Los hondureños, guatemaltecos, salvadoreños deben estar muy, muy nerviosos porque (los funcionarios de Trump) van a presionar los límites de la ley”, señaló Houser.
Los migrantes y las redes que ayudan a los deportados en esos países del Triángulo Norte de Centroámerica temen que su regreso pueda sumergirlos en crisis económicas y humanitarias aún más profundas, alimentando la migración a futuro.
“No hay capacidad” para recibir a tanta gente, afirmó Antonio García, viceministro de Asuntos Exteriores de Honduras. “Hay muy poco que existe para los retornados”. Aquellos que regresan, dijo, “son los ultimos en la fila”.
