Las continuas afirmaciones del presidente Donald Trump y sus aliados sobre las supuestas amenazas del voto de personas que no son ciudadanas de Estados Unidos se intensifican a medida que se acerca la elección de noviembre.

El mandatario presiona para que el Servicio Postal de Estados Unidos envíe boletas por correo solo a votantes verificados como ciudadanos de Estados Unidos. La Oficina del Censo promovió un informe dudoso sobre miles de no ciudadanos que votaron en 2020, una elección que el republicano perdió ante el demócrata Joe Biden. El Departamento de Seguridad Nacional de Trump afirma, sin aportar pruebas, que 250.000 no ciudadanos podrían estar en los padrones en tan solo cuatro estados.

Esta semana, el candidato republicano a gobernador en Maine confirmó una grabación de audio en la que dijo que planea pedirle al zar fronterizo de Trump que envíe alguaciles federales y agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) a los centros de votación del estado para garantizar que solo los votantes legales emitan su voto.

La evidencia de que no ciudadanos votan sigue “acumulándose”, manifestó la portavoz de la Casa Blanca, Lauren Bis, cuando se le preguntó sobre el informe del censo.

En realidad, el voto de no ciudadanos es extremadamente raro y se castiga como un delito grave que conlleva la posibilidad de deportación. Aun así, los opositores sostienen que el énfasis desmedido en el tema por parte de Trump y sus aliados prepara el terreno para presentar impugnaciones legales de resultados que quizá no sean del agrado del mandatario durante las elecciones de mitad de mandato, en las que está en juego el control del Congreso.

“Desechen estas afirmaciones engañosas y falaces como una excusa para provocar perturbaciones”, dijo Alexandra Chandler, directora de programas de impacto, elecciones libres y justas, del Democracy Project, un organismo no partidista. “Así pueden negar los resultados después”.