Venezuela celebra este domingo 21 de noviembre unas polémicas elecciones municipales y regionales en las que están convocados a participar 21.159.846 electores.
En los comicios serán electos 3.082 cargos: 23 gobernadores, 335 alcaldes, 2.471 concejales y 253 legisladores regionales, que serán disputados por más de 70.000 candidatos postulados.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) dispuso 30.106 máquinas de votación en 14.262 centros electorales, que abrirán desde las 6:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde o hasta que haya electores en fila y que serán resguardados por más de 350.000 efectivos militares y policiales.
Por primera vez en 15 años, una misión de Observación Electoral de la Unión Europea se desplegó en el país para seguir de cerca las elecciones. También lo hizo un Panel de Expertos electorales de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y una misión técnica del Centro Carter.
Para varias organizaciones y aspirantes a un cargo de elección popular, el anuncio de la Unión Europea fue bien recibido, pero otros dirigentes como María Corina Machado, calificaron la decisión del bloque como un “grave error” por considerar que legitima al Gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Juan Guaidó, considerado presidente interino por decenas de países, ha insistido en que actualmente en Venezuela no existen condiciones para celebrar un evento electoral en donde los electores tienen la «certeza» que después de las elecciones «Maduro seguirá siendo ilegítimo, desconocido y además investigado por la CPI.”.
En agosto, el chavismo celebró primarias para definir a sus candidatos; un proceso en el que se expusieron fracturas internas y que fue calificado por analistas y dirigentes opositores como una “pantomima”, pues afirmaban que las decisiones se toman en la dirección del partido de gobierno.
A finales de ese mes, la Plataforma Unitaria de la oposición confirmó que, luego de un “extenso y difícil proceso de deliberación interna”, tomó la decisión de participar en las elecciones con la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que fue habilitada por el CNE tras haber sido inhabilitada en 2018.
La oposición afirmó que el proceso electoral no será justo ni convencional, pero dijo entenderlo como un terreno de lucha “útil para fortalecer a la ciudadanía” e impulsar elecciones presidenciales y legislativas libres.
Evidentes diferencias entre la oposición dificultaron definir candidaturas unitarias en todo el país.
La semana pasada, cumpliéndose el lapso de sustituciones y modificaciones de postulaciones, algunos candidatos lograron alcanzar consensos para evitar la dispersión del voto, pero, en muchos casos, aunque el CNE registró las renuncias, no hubo cambios en las tarjetas porque, según el ente comicial, ocurrieron extemporáneamente.
Por varias semanas, expertos advirtieron que la división opositora favorece a los candidatos del oficialismo.
