La Marina de México fue parte activa en la manipulación y ocultamiento de pruebas en la investigación posterior a la desaparición de 43 estudiantes en el sur del país en 2014, así como en la construcción de la versión oficial del gobierno de entonces que resultó ser falsa, indicó el lunes el grupo internacional que investiga el caso.
Los expertos, nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentaron un nuevo informe —el primero durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador— que se basa en documentos y videos militares y de inteligencia que estuvieron ocultos durante siete años. Aunque el acceso a algunos registros fue bloqueado en ocasiones, finalmente fueron proporcionados gracias a la intervención directa del mandatario.
El informe sostiene que marinos estuvieron operando en el basurero donde el anterior gobierno dijo que los estudiantes habían sido incinerados horas antes de que el lugar fuera acordonado y sin que esas actividades quedaran registradas en el expediente del caso.
Ante las nuevas evidencias difundidas el lunes, el jefe de la unidad de comunicación social de la Secretaría de Marina, contralmirante José Orozco, dijo a la AP que “vamos a investigar al interior” del cuerpo las informaciones y videos presentados por los expertos.
Orozco indicó que hasta el momento sólo tienen conocimiento de que buzos de la Marina participaron en las búsquedas en un río donde se reportó que habrían sido llevados los estudiantes, y agregó que “no tenemos registro” de que miembro de otras unidades intervinieron en el caso, pero sostuvo que “vamos a buscarlo”.
El informe también indica que el ejército realizó investigaciones que no compartió y conoció en tiempo real mensajes del crimen organizado sobre el paradero de algunos estudiantes, que no dio a conocer pese a que pudieron haber sido vitales para localizar a los jóvenes.
Sin embargo, el informe no aclara el paradero de los estudiantes ni el móvil del brutal ataque. Sólo tres de los 43 alumnos han sido identificados a partir de huesos calcinados hallados en distintos lugares.
El 26 de septiembre de 2014 policías de Iguala, en el estado de Guerrero, capturaron a un grupo de estudiantes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa con la participación de otras corporaciones de seguridad y delincuentes. Según la versión del gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), los jóvenes fueron entregados al crimen organizado, que los asesinó, incineró los 43 cuerpos en un basurero de un municipio vecino -Cocula- y tiró los restos a un río cercano.
Los dos primeros informes del grupo de expertos y la actual fiscalía ya habían dicho que la versión de una gran cremación en el basurero no era real y que hubo un montaje en el hallazgo en el río en 2014 del hueso de uno de los jóvenes.
