George Santos ya no es congresista. La Cámara de Representantes votó a favor de expulsar al controvertido republicano de Nueva York, famoso por sus mentiras y fabulaciones, procesado por 23 cargos criminales y señalado de corrupción en un devastador informe del Comité de Ética.

Santos —de 35 años e hijo de inmigrantes brasileños— se convirtió así en el primer congresista expulsado de la Cámara Baja en dos décadas, el tercero desde la Guerra Civil y el sexto de la historia.

Se trató de un raro acuerdo bipartidista en el que más de 100 republicanos se unieron a la bancada demócrata para sancionar la expulsión, la primera que se produce en dos décadas y la primera que se produce sin que el sancionado haya sido previamente halado culpable de los delitos que le achacan.

La votación final fue de 311 a favor y 114 en contra.

La votación llegó después de que el Comité de Ética publicara un duro informe en el que se detalla cómo Santos transfería dinero de la campaña a sus cuentas personales y lo gastaba en cosas como tratamientos de estética (bótox), artículos de lujo o pagos en la web para adultos OnlyFans.

Otro factor que desencadenó la votación fue la negativa del representante por Nueva York a dimitir pese a los innumerables escándalos en los que se ha visto envuelto.

De hecho, pocos días antes del voto se mostró desafiante: “Quieren que dimita porque no quieren enfrentarse a esta votación difícil que establecerá un precedente para su propia caída en el futuro”, dijo.

En su defensa, ha insistido en señalar que su expulsión rompe con los precedentes al convertirse en el primero “sin condena judicial o sin haber cometido traición”.

Tras la votación, el presidente de la Cámara de Representantes debe notificar la expulsión a la gobernadora de Nueva York para que se proceda a elegir un nuevo representante del tercer distrito que complete la legislatura.

George Santos expulsado del Congreso y con problemas con la Justicia

Fuera del Congreso, Santos se declaró inocente de acusaciones federales que incluyen el robo de identidades de donantes y de imputarles gastos fraudulentos en sus tarjetas de crédito.

También se le acusa de fraude electrónico y blanqueo de dinero, así como de cobrar prestaciones de desempleo a las que no tenía derecho durante la pandemia de coronavirus, antes de su elección al Congreso.

A través de una empresa fachada, el legislador está acusado de haber transferido por lo menos $200,000 en 2022, un dinero con el que realizó pagos en tiendas de artículos de lujo como Hermès, así como a la plataforma de contenido para adultos OnlyFans.